El juicio de Emarsa arranca en noviembre, durante la campaña de las generales

La tercera macrocausa de corrupción del año, el expolio de cerca de 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo, ya tiene fecha. La Audiencia de Valencia juzgará el asunto desde el próximo 2 de noviembre hasta el 31 de mayo, según el calendario difundido a las partes personadas en el procedimiento. En principio, unas 80 sesiones que comenzarán a las diez de la mañana.

Las vistas coincidirán con las elecciones generales, previstas inicialmente para finales de noviembre, aunque podrían retrasarse hasta enero del próximo año. El juicio se celebrará en la sala Tirant, las mismas dependencias que actualmente albergan el proceso de Terra Mítica, una trama de facturas falsas que defraudó cerca de cuatro millones de euros y en la que también se vio salpicada la excúpula directiva del parque de atracciones. Se barajó la posibilidad de utilizar una sala doble de la Ciudad de la Justicia, pero finalmente se ha decidido hacerlo en la instalación habilitada para las grandes macrocausas.

El juicio ha recaído en la sección Primera de la Audiencia. El ponente -el encargado de elaborar la sentencia- es el recién nombrado presidente del órgano, Fernando de Rosa. No obstante, el PSPV, que ejerce la acusación popular, ha planteado su recusación al entender que su pasado -fue conseller de Justicia con el gobierno de Francisco Camps- afectaba a su imparcialidad en la causa. Ahora, un magistrado de otra sección resolverá acerca de esta solicitud. Salvo sorpresa de última hora se da por hecho que se mantendrá su designación.

El juicio se prolongará durante siete meses. La previsión, si se cumplen los plazos es terminar en mayo. No obstante, este calendario podría acortarse o alargarse en función del ritmo diario del proceso. El listado de testigos es amplio. Así, está previsto que declare el expresidente de Les Corts, Juan Cotino; la concejala del Ayuntamiento de Valencia, María Ángeles Ramón-Llin o el exvicealcalde Alfonso Grau. También lo hará la exjefa de gabinete y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña.

La investigación de Emarsa se despedazó en diferentes piezas. La más importante, la que engloba el grueso del asunto, es la que se juzgará a partir de mayo. Se trata del mayor caso de corrupción por la cantidad de dinero malversado de toda la legislatura. Lejos quedan Fitur o el caso Cooperación, por citar otros ejemplos recientes.

La fiscalía sitúa a un cuarteto de personas como los principales acusados de la trama que durante seis años saqueó la depuradora de Pinedo. Se trata del expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; José Juan Morenilla, gerente de la Epsar, el órgano de control de todas las depuradoras; e Ignacio Bernácer, jefe de explotación. Todos ellos se enfrentan a 14 años de prisión. Al cuarto cabecilla del saqueo, el exgerente de la depuradora Esteban Cuesta le piden 12 años. Los delitos de estos acusados son: prevaricación, falsedad, malversación y cohecho.

La acusación se dirige también hacia otras 20 personas para quienes se solicitan penas entre los tres y los ocho años. Entre ellas, figura el exinformático de la planta, conocido como Chanín (6 años) y el ex director financiero, Enrique Arnal (7 años). Al menos dos acusados han llegado ya a un acuerdo antes del juicio para reconocer los hechos.

El saqueo básicamente se produjo por dos vías. La más importante, la creación de empresas pantalla que se interponían en las firmas de tratamiento de lodos. Tras estas sociedades figuraba el empresario Jorge Ignacio Roca Samper que posteriormente devolvía presuntamente el dinero al cuarteto de cabecillas en efectivo o a través de reintegros del cajero. No era el único método. También se cobraban comisiones por obras en la planta a precios desorbitados o incluso facturas por servicios inexistentes.