La red de amaños de Imelsa salpica a dos alcaldes de La Costera

Todo quedaba en casa. Las personas que aparecen en el registro mercantil como actuales administradores de la empresa pantalla que el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, pudo crear, supuestamente para autoadjudicarse concursos, eran, a su vez, administradores o socios de las compañías a las que la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia había adjudicado numerosos concursos. El entramado mercantil del que la Fiscalía Anticorrupción ya ha dado traslado al juez tenía su epicentro en la comarca de La Costera. Así, uno de los administradores de Berceo Mantenimientos, la empresa tapadera creada por Marcos Benavent, y de la que, según EU, poseía el 99% de las acciones (aunque no aparece como administrador porque pudo usar dos testaferros), José Estarlich Estela, era a su vez administrador de una de las firmas que recibió contratos de Imelsa y luego subcontrataba con la firma investigada (Excavaciones Jemar). Otro de los administradores hasta 2010, Jaime José Úbeda, es también responsable de otra de las empresas contratadas (Ommega Mmoe), que también facturó con la corporación provincial y con Berceo por trabajos diversos. Pero, la red de amaños salpica ya a dos alcaldes del PP de La Costera y La Canal.

La empresa de Benavent facturaba a otras empresas. Su relevo lo tomó su hermano. Este diario trató ayer sin éxito de ponerse en contacto con el primer edil de la localidad de La Costera. Pero los lazos políticos no acaban ahí. Saltamos ahora a la localidad de Anna, en la vecina comarca de La Canal. En este caso, José Estarlich, administrador único de la empresa pantalla desde 2010, es pareja de la hija del alcalde de esta localidad (PP) que, a su vez, ejercía como administrativa durante una temporada del exgerente de Imelsa y creador de la posible sociedad tapadera, Marcos Benavent.

La denuncia presentada por la portavoz de EU en la Diputación, Rosa Pérez, ante la Fiscalía, que ha acabado en el juzgado tras las pesquisas de Anticorrupción atribuía a dos personas (Estarlich y Úbeda) un papel de posibles testaferros. Aunque Berceo Mantenimientos sería el origen del presunto fraude, la trama parece extenderse por más estamentos que podrían acabar alcanzando a cargos más allá de Benavent. Y es que según aseguró ayer la diputada de EU, "existen diversas presuntas irregularidades que se han dado con el aparente consentimiento y conocimiento de diputados provinciales". Fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS aseguran que existen correos electrónicos en manos del juez en los que se reproduciría una conversación entre trabajadores públicos de Imelsa, en los que se cita directamente a un diputado provincial, y en los que se explicitaría la orden de fraccionar contratos y cómo llevarla a cabo. Una información que sigue la línea de lo que ayer denunciaba Rosa Pérez en un comunicado. "Imelsa pedía a las empresas adjudicatarias fraccionar en diversas facturas un único servicio presupuestado para poder justificarlo mediante contratos directos y negociados sin publicidad".

El modus operandi era sencillo. La mercantil del exgerente de Imelsa, Berceo, facturaba a otras firmas que, a su vez, cobraban de la empresa pública de la Diputación de Valencia, de la propia corporación provincial, de la Generalitat y hasta de Valmor, la empresa organizadora de la Fórmula 1. El patrimonio inmobiliario del exgerente de Imelsa se acabó disparando más allá de la capacidad que le permitía su nómina y comenzó a adquirir propiedades por altos importes, como un ático residencial de más de 300.000 o una nave de más de medio millón de euros. Además, la empresa pantalla con la que operaba Benavent, Berceo, tenía un único empleado. A pesar de su escasa infraestructura, logró facturar por trabajos de todo tipo y color: excavaciones de tierras, fabricar 12.000 toallas, hacer diseños o dar servicio en carreras de la Fórmula 1.

Malversación de caudales

Aunque el contenido de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en el juzgado se desconoce, todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en que a raíz de los hechos narrados, se podría estar investigando un presunto delito de malversación de caudales públicos y una prevaricación administrativa por el posible fraccionamiento de contratos, a tenor de los documentos que la diputada de EU, Rosa Pérez, puso en conocimiento del fiscal el pasado verano.

El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, anunció que Imelsa, empresa pública de la Diputación, va a efectuar "una auditoría de gestión" del periodo en el que Marcos Benavent fue gerente de esta empresa pública. En este estudio "se revisará factura a factura". La cúpula dirigente de la Corporación provincial busca sobrecostes en las contrataciones porque hasta ahora "en Imelsa no hay ningún agujero", añadió el también presidente provincial del PP valenciano. Es más, en el último presupuesto hubo un superávit de alrededor de 180.000 euros.

Hasta ahora las auditorías efectuadas por Deloitte no ofrecían dudas en el seno de la Diputación. "A nosotros nos llegaba el estudio de Deloitte y nos decía que todo estaba perfecto, que los ingresos correspondían a los gastos, pero no nos llegaba información concreta de las facturas. Eso es lo que vamos a averiguar", indicó Alfonso Rus.

El dirigente provincial indicó que de acuerdo al contenido de esa auditoría de gestión que van a efectuar, si encuentran irregularidades "las llevaremos al juzgado porque si ha habido sobrecostes, ahí estarán". Rus, a través de Imelsa, ya denunció el pasado mes de marzo en el juzgado a Marcos Benavent al detectarse unos gastos de 40.000 euros sin justificar por parte del exgerente de la mercantil y la desaparición de dos ordenadores portátiles.

Alfonso Rus se mostró tranquilo respecto a cómo le puede salpicar políticamente este asunto. "Yo no he firmado nada y ningún diputado tampoco. Quien firmaba era el gerente de Imelsa", apuntó. También señaló que cuando recopilen los datos precisos realizará una comparecencia pública para dar su versión de los hechos, porque, a primera vista, ayer en la Diputación detectaron inexactitudes en la exposición realizada por la denunciante, la diputada de EU Pérez Garijo.

Por su parte, el presidente regional del PP y de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que "todas las personas" que pudieron realizar algo irregular o denunciable serán sometidos "al peso de la Ley". Y la consellera portavoz, María José Català, expresó su apoyo y respeto a la denuncia efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en este nuevo caso. Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, José Manuel Orengo, que no ha dado guerra al PP en toda la legislatura, pidió ayer la convocatoria "urgente e inmediata" de la junta de portavoces para que tanto el presidente Rus como el actual gerente de Imelsa, Rafael Soler, "den toda clase de explicaciones" sobre las informaciones que apuntan "a la supuesta trama de corrupción que rodea a la Diputación a esta sociedad instrumental para el desvío de fondos públicos".