Plataforma por San Antonio de Benagéber pide que se aclare la relación de los detenidos con el ayuntamiento

La Plataforma por San Antonio de Benagéber ha solicitado al Ayuntamiento que aclare la relación de los dos funcionarios detenidos este jueves por presuntos delitos de corrupción en algunos ayuntamientos de la provincia con el consistorio. Para ello, han reclamado al alcalde, Eugenio Cañizares, la convocatoria de un pleno extraordinario "aclaratorio", según ha informado en un comunicado la formación.

En este sentido, ha explicado que los detenidos son el abogado municipal -José Antonio Sempere- y el liquidador de la empresa municipal San Antonio de Benagéber: Formación, Empleo y Servicio (SABFES) -Rafael Parra Mateu-.

Por ello, Plataforma ha exigido al Ayuntamiento que indique "qué documentos solicitó el juzgado cuando se produjo el registro" en el consistorio en 2014, además de la liquidación de la empresa pública local SABFES, y las vinculaciones que existen o han existido entre uno de los detenidos -Rafael Parra Mateu-, y sus empresas.

Asimismo, ha solicitado una explicación sobre las vinculaciones, "que más allá del servicio jurídico, existen o han existido en los últimos cinco años con José Antonio Sempere y sus empresas.

Es por ello que el edil de Plataforma, Ramón Orozco Mora, ha remarcado que "la vinculación de los dos funcionarios detenidos con el municipio obliga a pedir explicaciones" ya que el nombre de la localidad "se haya entre la lista de municipios investigados". Al respecto, ha recordado que, el pasado año, la Guardia civil se personó en el consistorio local para requerir documentaciones, que también ha solicitado.

Del mismo modo, Orozco ha asegurado que "al conocer por la prensa la causa abierta, aportó información al juzgado, por si fuera de interés para la investigación".

Asimismo, ha destacado que en ocasiones anteriores, el grupo ha solicitado la rescisión del contrato con el servicio jurídico contratado con José Antonio Sempere "por sus imputaciones y por los resultados de algunas actuaciones jurídicas que han acabado en condena al consistorio". No obstante, ha apuntado que Cañizares "decretó la prórroga de este servicio en abril de 2014 hasta abril de 2016 por 58.8000 euros más IVA".