Rus mantiene la presidencia de la Diputación pero delega toda la gestión en Medina

Alfonso Rus continúa siendo el presidente de la Diputación de Valencia pero no va a volver a ejercer esas funciones. El también alcalde de Xàtiva va a delegar sus funciones en su vicepresidente primero, Juan José Medina, hasta el final de la legislatura.

La decisión la comunicó ayer a Medina el jefe de gabinete de Rus en la corporación provincial, Emilio Llopis, alcalde de Genovés y vicesecretario del PPCV. Rus fue suspendido de militancia del PP el pasado 2 de mayo después de que se difundiese una grabación en la que supuestamente contaba billetes junto a Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, uno de los que fue hombre de su confianza.

Rus, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se mantiene como alcalde de Xàtiva, donde está respaldado por sus concejales y se encuentra más cómodo que en Valencia, donde considera que la presión mediática que sufre es mayor. Lo que todavía no se ha desvelado es si el primer munícipe setabense y cabeza de lista del PP en esta ciudad se mantendrá al frente de la candidatura.

La semana pasada, coincidiendo con la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los diputados provinciales más allegados a Alfonso Rus le pidieron que renunciara a la presidencia de la institución provincial. Rus se mostró reacio en un principio, pero les hizo saber que se lo pensaría.

La decisión se precipitó ayer. Alfonso Rus no dimite. Considera que dimitir es dar la razón a quienes le acusan de participar en un caso de corrupción que él niega. Por esa razón ha optado por una vía intermedia: se mantiene al frente de la Diputación pero delega la gestión en su vicepresidente primero, Juan José Medina. También continuará en su puesto Emilio Llopis, la persona de confianza de Rus. Quienes lo conocen afirman que es la extensión del presidente.

El decreto, en principio, recoge que la renuncia es por motivos personales y mayo hasta el 20 de mayo el tiempo de la renuncia. Dos días antes, el 18, se celebra el que se considera último pleno de la legislatura. Pero Alfonso Rus no parece que vaya a volver a coger directamente las riendas de la corporación provincial. Se espera que no vuelva a ejercer como presidente de la Diputación.

Rus explica en el decreto que por "motivos personales para atender necesidades inaplazables relacionadas con los hechos investigados por mi partido y por los tribunales de justicia, y las ausencias que ello conlleva, considera que "es procedente disponer la sustitución, en las funciones ordinarias de esta Presidencia", de acuerdo a lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

.Rus está suspendido de manera cautelar de militancia en el PP. Era el presidente de los populares de la provincia de Valencia, uno de los barones del PP que nunca ha acabado de tener buena sintonía con el presidente regional del partido, Alberto Fabra.

El líder del PPCV y presidente de la Generalitat remitió el 2 de mayo un escrito al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular en el que comunicaba el acuerdo de suspender a Rus la militancia y, por ende, de sus responsabilidades en el partido. De hecho, la pasada semana el secretario general provincial del PP valenciano, Vicente Betoret, fue elegido presidente del partido en la provincia de Valencia.

Alfonso Rus, además de haber defendido su inocencia en el escándalo de Imelsa, en el que supuestamente una empresa interpuesta se encargaba del cobro de comisiones de las adjudicaciones de la empresa pública de la Diputación, anunció que el próximo 25 de mayo, después de que se celebren las elecciones autonómicas y locales, saldrá a la palestra para defenderse y para dejar claro que el complot contra él se engendró en las máximas alturas de la regional del PP.

Alfonso Rus tiene 64 años. Es alcalde de Xàtiva desde hace dos décadas y opta todavía a un siguiente mandato. Este era la segunda legislatura que estaba al frente de la Diputación, donde ha rebajado el endeudamiento de la institución con un plan económico que, de continuarse, dejaría las deudas de la corporación provincial a cero en tres años.