Intersindical Valenciana pide casi 25 años de cárcel para Sanz por abusos sexuales y acoso a tres trabajadoras de RTVV

El sindicato Intersindical Valenciana reclama para el que fuera secretario general de la extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV) Vicente Sanz un total de 24 años y nueve meses de prisión al considerarlo autor de tres delitos continuados de abusos sexuales y otros tanto de acoso sexual hacia tres trabajadoras del ente entre 2007 y 2010.

Así consta en el escrito de calificación provisional del sindicato, personado como acusación popular en la causa, en el que reclama al acusado y a la extinta RTVV como responsable civil subsidiaria una indemnización de 75.000 euros para una de las trabajadoras denunciantes y 85.000 para cada una de las otras dos.

De este modo, el sindicato pide para Sanz cuatro años más de los solicitados por la Fiscalía, que reclama 20 años y nueve meses de cárcel y la misma indemnización. Los servicios jurídicos del sindicato han decidido exigir la máxima pena de prisión posible al entender que los hechos de los que se acusa a Sanz son "extremadamente graves", según ha informado en un comunicado

Sanz prestó sus servicios en RTVV desde mayo de 1989. Desde septiembre de 1995 y hasta agosto de 2003 ocupó el cargo de Jefe del departamento de Recursos Humanos; portseriormente, de director de Gestión y Planificación de Recursos Humanos; director de Gestión de RTVV y sus sociedades y secretario general de RTVV.

Según el sindicato, en el escrito de calificación provisional se hace hincapié en que Sanz no actuó "únicamente a título personal" sino que lo hizo valiéndose de su cargo y de su autoridad laboral "para cometer todas las tropelías". "Ello supuso ya desde el año 1995, y especialmente a partir del año 2007 cuando es nombrado Secretario General, que el procesado tenía un poder prácticamente total en la toma de decisiones referida al área laboral o de Recursos Humanos y al área de salud pública o Prevención de Riesgos Laborales en RTVV", indica.

Intersindical Valenciana ha subrayado que fue el ex director general de RTVV Pedro García, actualmente imputado por el 'caso Gürtel', quien aumentó el poder y cargo de Sanz, que posteriormente José López Jaraba ratificó como secretario general del ente.

Entre sus cometidos, se encontraba planificar la política de personal; planificar las necesidades de personal, cuantitativa y cualitativamente; planificar y supervisar el control interno así como la elaboración de cuantos procedimientos internos se consideren oportunos para optimizar la gestión de los recursos o dirigir y supervisar las unidades inferiores".

IV subraya que en ese momento, ni el procesado ni la Dirección General del ente actuaron con el objetivo de "salvaguardar" la salud de los trabajadores y añade que una empresa pública como RTVV "no tenía ningún canal habilitado para recoger posibles casos de acoso ni mucho menos para defenderse de sus superiores".

Por eso, entiende que han sido motivos "más que suficientes para considerar a RTVV responsable civil subsidiaria en el procedimiento". El sindicato pide que en el juicio testifiquen, entre otros, los que fueron responsables de RTVV Lola Johnson y López Jaraba.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia decidió el pasado mes de abril abrir juicio oral a Sanz por presunto abuso sexual en el trabajo, confirmando de esta forma el auto de conclusión de la causa, dictado por el juzgado instructor.

DENUNCIA DE FEBRERO DE 2010

La causa saltó a la luz en febrero de 2010, cuando tres trabajadoras de RTVV denunciaron en los juzgados de Paterna a Sanz, exnúmero dos de RTVV, y relataron vejaciones sexuales, amenazas y miedo. Describían encuentros, a petición de Sanz, en el despacho de éste y otros en su apartamento en Canet (Valencia), en los que supuestamente se les pedían favores sexuales.

Algo más de un año después, en julio de 2011, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna procesó a Sanz por un delito sexual en el trabajo hacia estas tres trabajadoras al considerar que había indicios de que el acusado --destituido de su cargo público en mayo de 2010 tras las denuncias-- se prevalió de su puesto para solicitar entre los años 2007 y 2010 favores de naturaleza sexual a estas tres periodistas.