Anticorrupción investiga desde octubre de 2014 los contratos con Avialsa

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde octubre de 2014 una presunta contratación irregular por parte de Serafín Castellano, durante su etapa como conseller de Gobernación, a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35, a la que adjudicó un contrato por 22 millones de euros en 2010.

La fiscalía inició las diligencias desde Madrid pero la investigación se ha llevado a cabo desde Valencia, donde miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía han detenido hoy a Castellano por orden del juzgado de instrucción número 1 de Sagunto.

En octubre se desveló que Avialsa pudo haber regalado en 2008 a Castellano, en su etapa de conseller de Gobernación, un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros.

Castellano dijo que averiguaría por qué Avialsa T-35 tenía la factura del rifle y defendió que la pagó él y nadie se la regaló. Además, aseguró que Avialsa lleva gestionando los aviones de extinción de incendios para la Generalitat con todos los gobiernos, y que las adjudicaciones a esta empresa se han hecho de forma escrupulosamente legal.

Avialsa, según señaló entonces el exconseller, trabaja para la Generalitat desde 1983 y fue la única empresa que se presentó al concurso en 2010.

En los diarios se han publicado imágenes de cacerías de Castellano con Vicente Huerta, presidente de Avialsa, dada su afición por la caza de patos y perdices.

El conseller negó el 5 de agosto de 2013 cualquier tipo de irregularidad en las contrataciones, y aseguró que cuando se va de caza, se coincide con mucha gente.

Castellano explicó entonces que no tenía más hipotecas que las del banco, que vivía en el mismo piso que le cedió su padre y que pagaría hasta 2025 un apartamento y un campo de naranjos que compró.

Aludió también a su dignidad y honestidad, y acusó de mala fe a quienes le acusaban.

En esa fecha la empresa Avialsa, en un comunicado firmado por Vicente Huerta, indicó que lleva trabajando para la Generalitat desde 1983 y para Administraciones de todos los signos políticos. Defendió la legalidad de todas sus actuaciones y negó tratos de favor o dádivas a dirigentes políticos valencianos.

Además de este caso, la oposición en Les Corts también reclamó explicaciones sobre la vinculación de Castellano con la empresa Construcciones Taroncher, ya que el propietario y el exconseller mantienen, al parecer, relaciones de amistad.