Seis años inocente

Una secretaria del grupo parlamentario del PP en Les Corts llamó a las nueve de la mañana del pasado viernes para avisar de que no iría a trabajar por motivos personales. Una situación aparentemente normal. Aparentemente. La secretaria se llama Maria Ángeles González, mujer del empresario José Miguel Pérez Taroncher, amigo íntimo de Serafín Castellano, a esa hora todavía delegado del Gobierno, si bien hacía ya un buen rato que la policía registraba su casa en Benissanó. En el grupo popular nadie contempló como un hecho casual la llamada de la secretaria. La sombra de Castellano es alargada y las sombras que le rondan desde hace años son numerosas, aunque de todas ellas se libró. A tenor de que recibía una especial atención por parte de la oposición y de algunos juzgados desde hace más de un lustro, los populares suponían que el exconseller se manejaría con una prudencia extrema para no pillarse los dedos, y que si hasta ahora había salido bien librado, lograría acabar la legislatura como delegado del Gobierno. Pues no. Las sombras que en anteriores ocasiones se diluyeron, esta vez han cobrado forma.

Construciones Taroncher

La primera vez que Castellano fue seriamente señalado por la oposición como presunto protagonista de un caso de corrupción coincidió en el tiempo con el anuncio de una investigación por el regalo de unos trajes al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El jefe del Consell acabó en el banquillo mientras que su conseller eludió el calvario judicial. Sin embargo, su nombre y el de José Miguel Pérez Taroncher quedaron públicamente relacionados con la misma intensidad que en el ámbito privado, pues son amigos, compañeros de partidas de pilota o de cacerías.

Construcciones Taroncher facturó entre 2000 y 2008 cerca de siete millones de euros, buena parte de ellos a instituciones de la Administración Pública. La empresa estaba administrada por Maria Ángeles González y su marido, Pérez Taroncher, era apoderado de la misma cuando contrataba con consellerias dirigidas por Castellano. La relación era tan estrecha que la mujer del exdelegado del Gobierno y la esposa del empresario comparten la propiedad de una finca en Llíria. El TSJ de la Comunitat archivó la denuncia por esa estrecha relación que Castellano defendió como legal y que nadie logró demostrar lo contrario.

Over Marketing

En 2012, otra nube negra amenazó con ocultar la buena estrella que hasta el pasado viernes guiaba la ruta de Castellano. El propietario de la empresa de publicidad Over Marketing, Daniel Mercado, investigada por el juez José Castro por una presunta financiación ilegal del PP de Baleares, reconoció en octubre de aquel año que una década antes comenzó a beneficiarse de concursos públicos amañados en administraciones como la valenciana.

Mercado aseguró a Castro que en la Comunitat había hecho «muy poca cosa», varias campañas entre 2002 y 2004. Entre ellas, una campaña de publicidad de la conselleria de Sanidad, dirigida entonces por Castellano (aunque el expediente no llevaba su firma, sino la del que entonces era su segundo en Sanidad, Máximo Caturla, actualmente también investigado por su relación con Marcos Benavent en el escándalo de Imelsa), y adjudicada en algo más de dos millones de euros a Over Marketing, también contratada posteriormente por Sanidad (con Vicente Rambla como titular), así como para promover la participación en las elecciones autonómicas y municipales de 2003. La investigación terminó por determinar que distintos departamentos del Consell, hasta el año 2006, habían firmado con Over Marketing más de media docena de campañas publicitarias. En cualquier caso, a medidaos de 2013, el fiscal jefe del TSJ de la Comunitat, Ricard Cabedo, dio carpetazo a la denuncia por falta de concreción.

Conselleria de Sanidad

La Asociación Contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana presentó en agosto de 2013 una querella contra Castellano ante el TSJ valenciano por lo que considera un caso claro de nepotismo. La denuncia relatava una treintena de casos de contratación de personas relacionadas familiarmente, de manera amistosa, o vinculadas al exdelegado del Gobierno a través del PP, que habían sido contratadas por la Administración autonómica. Se acusaba a Serafín Castellano de la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El caso también fue archivado.

Avialsa

Finalmente, la carrera política de Serafín Castellano se ha visto abruptamente interrumpida por las sombras de sospecha sobre los contratos que la Conselleria de Gobernación adjudicó a la firma Avialsa a partir del año 2008. La empresa pagaba cacerías en las que participaba el conseller, desde cuyo departamento se adjudicaron a Avialsa contratos para el servicio de aviones destinados a la extinción de incendios forestales. El valor total de las adjudicaciones supera los 30 millones de euros y se investiga si Castellano recibió dinero o regalos (es el caso de un rifle que compró Avialsa y cuyo propietario es el exconseller) a cambio de las contrataciones.