La Fiscalía acusa a un alto cargo de la Generalitat de adjudicaciones irregulares

La Fiscalía ha presentado una querella contra el actual presidente de Infraestructuras de la Generalitat, Joan Lluís Quer, y otras doce personas por la presunta adjudicación directa de contratos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) a una unión de empresas controlada por ese cargo del Gobierno catalán.

En su querella, ya admitida a trámite, el ministerio público acusa a Quer, exgerente del ACA entre 2000 y 2004; al ex director general de esta entidad Manuel Hernández, así como a varios cargos de la misma de los delitos de revelación de secretos, uso de información privilegia, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y malversación, además de posible falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Quer de haberse beneficiado de sus influencias en el ACA para lograr la adjudicación "a dedo" de contratos de consultoría, con un valor de 7,6 millones de euros, a la unión temporal de empresas (UTE) DMA-Gestió, de la que era gerente, entre enero de 2008 y noviembre de 2010.

Finalmente, añade la querella, esos trabajos no fueron llevados a cabo por la UTE formalmente adjudicataria, sino que ésta "procedió de hecho a la subcontratación total" de los mismos, sin respetar "ni la regulación legal ni las previsiones contenidas al respecto en la propia contratación".

El ministerio público sostiene que los expedientes de esa adjudicación presentan "un cúmulo de irregularidades tan numerosas y de tan grosero calibre" que permiten inferir que el contrato firmado con DMA-Gestió había sido "pactado y decidido previamente" de acuerdo con la empresa de Quer.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que inició su investigación a raíz de una denuncia presentada por el gabinete jurídico de la Generalitat y un informe de la Sindicatura de Cuentas, mantiene que la adjudicación que se dio al proyecto, articulado mediante un contrato principal y otro complementario, fue "un artificio formal para enmascarar un beneficio económico ilícito" a favor de la UTE.

"Que ello fuera así se explica por la presencia en la UTE adjudicataria de una persona anteriormente vinculada al ACA y con relaciones políticas y profesionales suficientes para ejercer un ascendiente determinante sobre los responsables de la agencia pública", considera el fiscal.

En ese sentido, la querella subraya que Quer había sido gerente del ACA y "ostentaba por ello contactos personales y profesionales en la agencia, además de relevantes conexiones de todo signo a nivel político, lo que se corrobora cuando se observa la importancia de su cargo actual como presidente de Infraestructuras de la Generalitat, anteriormente GISA".

Además, advierte el ministerio público, otra de las empresas integradas en la UTE -Artenginy S.L.- pertenecía y era administrada por otro antiguo cargo del ACA, Josep Bou, quien entre 2000 y 2006 fue jefe del departamento de Planificación y Usos de Agua, "por lo que su apoyo a la influencia ejercida en este asunto resultó lógicamente muy relevante".

La querella se dirige asimismo contra tres miembros del consejo de administración de las empresas que conformaban la UTE, constituida formalmente en febrero de 2008, cuatro meses después de que el ACA convocara un procedimiento de licitación para un contrato de consultoría por "trabajos de redacción de programas de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña".

Según el fiscal, antes de que se aprobara el pliego de condiciones, responsables del ACA estaban reuniéndose con trabajadores de la futura UTE, entre ellos los también querellados Jordi Molist -jefe de Planificación de Usos de Agua-, Antoni Munné -jefe de la Unidad Singular para la implantación de la DMA-, Josep María Niñerola -jefe de Planificación y Coordinación Hidrológica-, Jordi Rovira -jefe de Coordinación Sectorial- y Gabriel Borrás, director del Área de Planificación para el uso sostenible del agua.

A pesar de que las actas de esas reuniones se refieren a una UTE, ésta no existía todavía como tal, añade la querella, que señala que, "como a estas alturas no cuesta imaginar, el ACA no mantuvo ningún tipo de reunión previa con empleados de otros potenciales licitadores".

La Fiscalía denuncia también que la contratación de la UTE "fue diseñada de una manera claramente encaminada a conceder indebidamente un amplísimo margen de actuación a la adjudicataria, propiciando con ello que pudiera procurarse un ilícito beneficio económico".

Entre otras irregularidades, el ministerio público cree que la articulación de un contrato principal y 38 complementarios "carecía completamente de justificación", que el precio final de los contratos "se dejó en manos del adjudicatario" y que "se permitió la subcontratación total de los trabajos".