Objetivo del futuro Consell: «Un nou País Valencià»

valencia. El llamado Acord del Botànic, firmado por Ximo Puig, Mònica Oltra y Antonio Montiel ayer a pocos metros de la sede del PPCV, consta de cinco puntos, en otras tantas páginas. «Es el momento de una nueva política» en el que pretenden «acabar con la situación de emergencia social y poner los cimientos de un nuevo País Valencià».

En ese pacto se aboga por el rescate ciudadano, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, gobernar para las personas, un nuevo modelo productivo y una financiación justa y auditoría ciudadana.

Rescate ciudadano

Frenar los desahucios y una renta garantizada

El tripartito presenta 10 propuestas para salir de la crisis y la mejora de la situación económica de la Generalitat frente a 26 medidas de índole social. Evitar el desahucio de su vivienda a personas que no tengan alternativa de casa, e incluso establecer exención temporal del pago de alquiler de viviendas sociales son algunas de las medidas, como garantizar una renta de ciudadanía, una medida para la que nada más se concreta.

En colaboración con los ayuntamientos, el tripartito dice que garantizará que a las familias en situación de pobreza extrema no se les corten la luz, el agua o el gas. Otra es la puesta en marcha de los comedores escolares incluso en vacaciones a través de becas, al igual que facilitar libros a los niños, en general. Quieren aplicar de forma efectiva la Ley de dependencia dotándola de los recursos necesarios -la Generalitat no los tiene- y resolviendo de manera inmediata los casos pendientes.

Regeneración

Protección al denunciante de casos de anticorrupción

La aprobación de una nueva ley de Transparencia de carácter autonómico y municipal «que garantiza la buena gestión de lo público y la sociedad civil. También han firmado la independencia y la profesionalización de los órganos de gestión pública y del Consell Jurídic Consultiu, con lo que no habrá hueco para los expresidentes de la Generalitat.

La reforma de la ley electoral para hacerla «más representativa y proporcional» es una propuesta que irá encaminada a rebajar la barrera electoral, situada en un 5%.

Otro de los puntos pactados es la puesta en marcha de una oficina anticorrupción, independiente y con autonomía presupuestaria, «encargada de la investigación y la prevención». Sin más explicaciones, da la sensación de que se trata de un órgano policial que rendirá cuentas ante la Cámara autonómica.

Como complemento, el tripartito planea crear una ley de protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales en las administraciones, los partidos y las empresas.

Evitar las puertas giratorias (un responsable en la administración tiene que estar apartado cinco años de empresas que hayan tenido relación con los departamentos en los que ha trabajado) impedir que las empresas condenadas por corrupción contraten con la administración y modificar las circunstancias por las que se pueden realizar modificados de contratos para no encarecer la contratación pública.

La reducción de gastos superfluos, como coches oficiales y altos cargos, que la Generalitat asuma las funciones de las Diputaciones y reforzar el papel de los ayuntamientos para acercar la gestión a los ciudadanos «y optimizar el uso de los recursos».

Gobernar para las personas

Sanidad y educación públicas y la nueva RTVV

Restablecer y ampliar los servicios públicos -acabar con la privatización de la sanidad- es uno de los grandes objetivos del tripartito. Pretenden «priorizar en el gasto del Consell el sistema público de anidad y la educación u los servicios sociales «sobre cualquier otra partida». Quieren negociar con los acreedores de la Generalitat un plan de reestructuración de la deuda que impidan que los vencimientos limiten la aplicación de estas prioridades.

La recuperación del sistema sanitario público es el gran objetivo. Para ello prevén poner en marcha una auditoria de las concesiones administrativas sanitarias y estudiar las vías adecuadas «que nos permitirían la reversión completa». En materia sanitaria también pretenden que recuperen la atención sanitaria los colectivos que teóricamente no la tenían.

Paralizar los recortes en servicios públicos y, progresivamente, garantizar la extensión y el aumento de la calidad es otro de sus objetivos, como extender de manera progresiva la enseñanza pública a niños de entre cero a tres años y aumento de la formación profesional.

Pero no se queda ahí. No hablan de inmersión lingüística, sí de una nueva ley «consensuada con la comunidad educativa», que ha clamado contra el actual modelo. Eliminar barracones es otra prioridad, como «garantizar el derecho fundamental a la información mediante una radio y televisión públicas valencianas: resucitar RTVV.

Promover la paridad en los órganos institucionales y la igualdad de personas LGTB y contra la discriminación por la orientación sexual.

Nuevo modelo productivo

Reindustrializar, promover cajas y la nueva ecología

Desplegar un nuevo modelo productivo es un requisito para salir de la crisis «y la generación de bienestar a largo término». La reindustrialización, la recuperación de la agricultura, impulsar un turismo sostenible y un comercio de proximidad, las grandes apuestas. La eficiencia energética es la base de la transición ecológica del modelo productivo.

La tercera pata es la recuperación del sistema financiero valenciano. ¿Cómo? Transformando el Instituto Valenciano de Finanzas en una entidad pública con acceso a créditos del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones. Además, incentivar las cajas de ahorro «no bancarizadas» y creación de cajas y cooperativas de crédito local.

Recuperar los institutos tecnológicos, aumentar la contratación pública y fomentar el cooperativismo son otras medidas.

En materia de infraestructuras, una: presionar al Gobierno para acabar el corredor mediterráneo.

Financiación justa

Una auditoría de la deuda y Agencia Tributaria propia

Se plantean algo que debería de ser obvio para cualquier Consell: la defensa de los intereses valencianos «dentro y fuera de nuestro territorio» y convertir a la Comunitat «en el centro de la acción política».

Para ello exigirán al Gobierno central, «a través de acciones políticas y legales» una financiación adecuada para «garantizar la prestación de servicios públicos, así como reconocer la deuda histórica del Ejecutivo estatal con los valencianos.

El tripartito quiere realizar una auditoría de la deuda de la Generalitat y la creación de una Agència Tributària propia.