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EFE
Lunes, 15 de junio 2015, 09:12
El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco ha ingresado hoy en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) para cumplir una sentencia de seis años y medio de cárcel por el desvío de fondos públicos dirigidos a cooperación internacional en Nicaragua.
Según ha confirmado a EFE la dirección de este centro penitenciario, Rafael Blasco ha ingresado minutos antes de las 9 horas.
El ex diputado autonómico y ex portavoz parlamentario del PP ha sido condenado por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, y tiene pendientes otras dos causas por el supuesto desvío de otras partidas destinadas también a iniciativas solidarias.
Blasco había sido citado para hoy por la secretaría de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para que informase sobre el centro elegido e iniciase su condena, pero acudió el viernes a última hora, tres días antes de lo previsto, y hasta hoy no ha trascendido el nombre del centro penitenciario que había elegido para cumplir condena.
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El Tribunal Supremo rebajó en año y medio la condena inicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al entender que no existió delito continuado, y mantuvo la pena de 20 años de inhabilitación para cargo público.
La sentencia relata cómo Blasco, en su calidad de conseller, convocó en marzo de 2008 la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional, convocatoria a la que concurrió otro de los condenados, Marcial López, en nombre de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales.
-Octubre de 2010. Las diputadas autonómicas Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís) denuncian los hechos en la Fiscalía.
-Mayo de 2011. El fiscal lleva su investigación al juzgado.
-Febrero de 2012. Detienen a 14 personas. Tras las declaraciones ante la juez, Augusto César Tauroni ingresa en prisión.
-Mayo de 2012. La juez levanta el secreto de sumario. Hay 22 imputados, de los que seis son cargos en la Administración y catorce están relacionados con distintas ONGs.
-Junio de 2012. La juez y la fiscalía aprecian indicios de la participación de Blasco en la trama. Piden que la causa vaya al TSJ.
-Septiembre de 2012. El TSJ se queda la causa. Al mes siguiente, Blasco declara como imputado. Ya había sido apartado como portavoz popular en Les Corts.
-Mayo de 2013. La instructora cierra la instrucción de una de las dos piezas del caso, la referida a la Fundación Cyes y procesa a Blasco.
-Junio de 2013. La Abogacía de la Generalitat, la Fiscalía y el PSPV piden para Blasco penas que oscilan entre los once años y medio y los quince de prisión, y entre los 31 y los 42 de inhabilitación.
-7 de enero de 2014. Arranca el juicio contra el esconseller y otros siete acusados. Termina dos meses más tarde. En mayo, se dicta la sentencia que condena a Blasco a ocho años de cárcel.
-10 de junio de 2015. El Tribunal Supremo rebaja la pena al exdirigente popular. El TSJ tramita su ingreso en prisión.
"En realidad, se trataba de una entidad prácticamente de su propiedad, que gestionaba de forma personal y directa como plataforma para obtener en su propio beneficio subvenciones y otro tipo de ventajas", relata.
La Conselleria concedió a esta fundación un total de 1,6 millones de euros supuestamente para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.
El Supremo considera probado que de este dinero que la Generalitat invirtió en estos dos proyectos apenas llegó a su destino la cantidad del 3 %, exactamente 47.953 euros.
El 97 % restante fue aprovechado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en la ciudad de Valencia.
La Conselleria rechazó inicialmente los proyectos de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales por falta de experiencia previa, pero ante las presiones del exconseller, fueron adjudicados los fondos finalmente, según la sentencia.
El alto tribunal señala en su fallo que la conducta de los condenados supuso "pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado deseaba ver destinada una parte de su contribución del erario público a fines solidarios trasnacionales".
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