El Consell encargará a la inspección que fiscalice el día a día de los conciertos sanitarios

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ya avisó el día de su toma de posesión de que el nuevo gobierno de coalición rescidirá todos los conciertos sanitarios posibles con las empresas privadas para rescatar la gestión de los hospitales públicos que se encuentran bajo el denominado modelo Alzira.Pero, mientras la primera de esas fechas llega, de aquí a tres años, en 2018, el Ejecutivo valenciano tiene previsto encargar a uno de sus órganos fiscalizadores la fiscalización del día a día de los centros que se encuentran concertados. La duda es si se encargará este trabajo a la Inspección general de servicios o a la Intervención general de la Generalitat, según confirmaron ayer fuentes de Presidencia.

La medida, que ya surgió en una de las reuniones de las comisiones negociadoras para conformar el organigrama, se pondrá en marcha en breve para controlar el funcionamiento de los hospitales concertados. El modelo de concesión administrativa para los hospitales valencianos da servicio en la actualidad a casi un millón de usuarios de zonas como Torrevieja, Alzira, Dénia, Elche o Manises, pero sólo uno de los conciertos, el del hospital de La Ribera, podría revertirse en esta legislatura, porque el contrato cumple en 2018. El resto, finalizan su contrato con la concesionaria entre 2021 y 2025.

La Generalitat, a falta de poder rescindir los conciertos inmediatamente, porque la penalización sería inasumible, ha optado por pasar a la acción y fiscalizar cada una de las concesiones, algo que, hasta la fecha, como oposición, había resultado casi imposible. El Ejecutivo valenciano quiere que hasta que se puedan revertir las concesiones, las empresas que se encargan de lña gestión de los centros cumplan con lo pactado en los contratos. Se trata de buscar cualquie anomalía o incumplimiento para, o bien subsanarlo o utilizarlo como argumento para forzar el fin del contrato. Para ello, se buscará la ayuda de la inspección de servicios o de la Intervención, que supondrán un apoyo a las figuras de los comisionados que hasta la fecha velaban por el buen hacer de las empresas de gestión sanitaria.

Hay que recordar que antes de que finalizara la pasada legislatura, el PP valenciano ya trató de blindar los contratos sanitarios. Les Corts, sin los votos de la oposición,aprobaron que Sanidad aplicara en el caso de cada hospital la modalidad que generara mejoras más importantes de la calidad asistencial, así como al mantenimiento de los puestos de trabajo de los profesionales sanitarios de los centros gestionados en régimen de concesión. Los grupos de la oposición se opusieron a esta iniciativa y presentaron enmiendas para la recuperación progresiva o el rescate de las concesiones para el sistema público; realizar una evaluación o auditoría de las concesiones, y publicar o permitir el acceso a los contratos, facturas, gastos o informes sobre estas concesiones. Algo que ahora, desde el Gobierno, pretender poner en marcha.