63 expresidentes no tienen privilegios, Fabra y Camps entre los 17 que sí

"Para mí, los expresidentes son como grandes jarrones chinos en apartamentos pequeños. Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes". La cita es ya un clásico de la política contemporánea. Acuñada por el expresidente del Gobierno Felipe González, describe la incomodidad que un exmandatario puede generar a sus sucesores y las dificultades que las distintas administraciones encuentran para un acomodo que no exceda el nivel de privilegio. Un agradecimiento por la labor desempeñada del que disfrutan no sólo los antiguos inquilinos de La Moncloa, sino que se extiende (aunque no todos haga uso de las prerrogativas) a los 80 expresidentes autonómicos de las distintas comunidades. En la actualidad, sólo 17 exmandatarios de las autonomías disfrutan de algún tipo de privilegio (por 63 que no los tienen) fruto de los estatutos de expresidentes o normas que mantienen en vigor los gobiernos regionales. Y entre los favorecidos están Francisco Camps y Alberto Fabra. Solamente siete comunidades escapan a estas prerrogativas y no tienen establecido ningún tipo de compensación para todos los que en su día ostentaron el máximo rango autonómico. Asturias, Murcia, Baleares, La Rioja, Canarias, Cantabria y Aragón no regulan las figuras de sus expresidentes regionales ni les compensan con ningún tipo de distinción. Acabado el cometido, se deja de prestar los servicios y se pone fin a los beneficios del cargo.

Sin embargo, Madrid, Cataluña, Navarra, Galicia, Andalucía, Extremadura, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla-León y la Comunitat Valenciana aseguraron el futuro de quienes un día gestionaron su política con distintos resquicios legales. Desde estatutos de expresidentes a normas. En la actualidad, el selecto club de exdirigentes autonómicos está formado por 17 personas. Los madrileños Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González; los catalanes José Montilla y Pasqual Maragall; el castellano manchego José Bono; los extremeños Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; los gallegos Gerardo Fernández, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño; los ex lehendakaris vascos Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe y Patxi López. Completan ese grupo los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y Alberto Fabra. Otros, como el expresidente catalán Jordi Pujol fueron expulsados del club tras perder su condición de molt honorable después de que se destapara su fortuna suiza. O el actual presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que disfrutó de los privilegios durante la pasada legislatura, pero ha retomado su responsabilidad tras el 24-M. Hasta tres expresidentes castellano leoneses también accedieron a las posibilidades que les dejaba su cargo de ex, pero tras cumplir los 75 años perdieron esa condición.

El tema vuelve a estar de máxima actualidad después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, abriera el melón de las prerrogativas de las que disfrutan tres de sus antecesores en el cargo, que podrían entrar en revisión en breve si lleva a cabo su plan de suprimir el Consejo Jurídico Consultivo, el órgano en el que encuentran acomodo los exmandatarios madrileños. En ese retiro con sueldo de 8.500 euros al mes tienen asiento el socialista Joaquín Leguina y los populares Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González. Los expresidentes se incorporan cuando quieren y pueden permanecer en su puesto con carácter vitalicio. En Cataluña, sí hay estatuto de expresidentes, creado en la época de Pujol. Entre los beneficios que adquieren los ex se encuentra el de ser molt honorable de manera permanente, cobrar un 80% del sueldo mensual de presidente durante la mitad de tiempo que estuvieron en su cargo y un 60% tras su jubilación, o su viuda en caso de fallecimiento. La Generalitat también pone a su disposición una oficina propia y todos los medios necesarios para mantenerla. Hasta que dejó de ser honorable, en 2014, Pujol se benefició de estos privilegios, que ahora mantienen José Montilla y Pasqual Maragall. Sólo mantener los despachos de ambos supone más de 200.000 euros anuales.

En la Comunitat, tan sólo Camps y Fabra hacen uso del estatuto de expresidentes. Ni José Luis Olivas, ni Eduardo Zaplana, ni Joan Lerma se acogieron y no cuestan ni un euro a las arcas valencianas. En el caso de Francisco Camps, se acogió a la parte que deja a los expresidentes como miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (con voz pero sin voto) durante cinco años y hasta tres períodos. Ahí tiene despacho, secretaria y cuenta con coche, conductor y seguridad.

Otros compañeros populares que también cayeron en las urnas no han optado por el mismo camino. Por ejemplo, ni Luisa Fernanda Rudi, la expresidenta aragonesa ni el balear José Ramón Bauzá pueden acogerse a esos privilegios porque en sus comunidades no existe esa figura, pero sí en Castilla-La Mancha y la expresidenta y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal no se ha acogido al estatuto de expresidentes y no contará con ningún tipo de prerrogativa.

En el caso de Castilla-La Mancha, la ley de expresidentes creada por el socialista José Bono y de la que sólo él se beneficia, dispone que los exmandatarios mantendrán siempre el trato de excelencia, además de una secretaría con dos personas, un local, coche, chófer, seguridad y protección durante todo el período equivalente a lo que estuvieron en el cargo. En su caso, 21 años. José María Barreda y María Dolores de Cospedal renunciaron a las prerrogativas de las que podían beneficiarse. De hecho, la popular trató de suprimirlas durante su mandato, pero obtuvo el voto en contra del PP.

En Extremadura, el estatuto de expresidentes también otorga personal, medios materiales, dietas y pago de desplazamiento a los que fueron presidentes. Ibarra tiene a su cargo a tres secretarias, y Fernández Vara tenía en su despacho a dos. Pero ese personal ahora lo disfruta José Antonio Monago. En Galicia, como novedad, además del despacho y personal, los expresidentes son miembros natos del equivalente al Consell Jurídic, con un salario anual de más de 58.000 euros. En esa situación están Gerardo Fernández, Fernando González Laxe y Pérez Touriño, que disponen de secretario, chófer y coche si lo desean.

En Navarra, ninguno de los expresidentes se ha acogido a los beneficios que otorga el cargo. El Gobierno foral pone a su disposición un sueldo que corresponde al 80% de su sueldo como presidentes, pero es incompatible con cualquier otro trabajo. Una de las comunidades más generosas con quienes un día la gobernaron es el País Vasco. Los exlehendakaris Carlos Garaikoetxea, José Antonio Radanza, Juan José Ibarretxe y Patxi López tienen oficina propia, coche con chófer, secretaria y en su día percibieron una indemnización de 8.000 euros al abandonar su cargo. Además ostentan el título de lehendakari de manera vitalicia y les corresponde una pensión del 50% de su sueldo como mandatarios una vez que alcancen la edad de jubilación.

En Castilla y León, también hay una serie de privilegios reservados a los expresidentes, pero en la actualidad ninguno de ellos los disfruta. Tenían plaza directa en el Consejo Jurídica Consultivo hasta los 75 años a razón de 72.000 euros al año. Pero ninguno la ocupa ya en la actualidad aunque sí hicieron uso. Por último, en Andalucía, el expresidente Manuel Chaves impulsó en 2005 un estatuto de exmandatarios regionales por el que compensaba con un 60% del salario mensual a los que dejaran el cargo, la posibilidad de tener oficina propia con seguridad y personal y la entrada opcional en el Consejo Consultivo andaluz. Sin embargo, en 2011 se modificó la norma y se dejó sólo la oficina y los medios necesarios. Aunque ni el propio Chaves ni su sucesor, José Antonio Griñán se acogieron. Sí lo hizo un histórico Rafael Escudero.