El Consell cambiará el estatuto de expresidentes para limitar los privilegios

Fue una de las condiciones sine qua non impuesta por Podemos para apoyar la investidura parcial de Ximo Puig como presidente de la Generalitat, pero también una reivindicación histórica de Compromís, la otra mitad del Consell. Reformar el estatuto de expresidentes autonómicos para restringir las prerrogativas a las que pueden acogerse los hasta ahora cinco exmandatarios valencianos y de las que, hasta la fecha, sólo disfrutan los populares Francisco Camps y Alberto Fabra, ya está marcado en rojo en la agenda del nuevo Consell. Así, los grupos que dan sustento parlamentario al Gobierno valenciano tienen previsto presentar en los próximos meses una iniciativa en Les Corts para modificar la ley 6/2002 para incluir algunas modificaciones que limitarán en buena medida los privilegios con que ahora cuentan quienes salen del Consell.

Fuentes del Ejecutivo valenciano confirmaron que promoverán un cambio en el estatuto de expresidentes para fijar una serie de incompatibilidades en su articulado para que los jefes del Consell que tengan otro cargo o sigan en política desde una institución diferente no puedan acogerse a las prerrogativas que contempla la norma. Es decir, casos como el de Alberto Fabra, en la actualidad senador por el PP, pero con una secretaria, futuro despacho y coche con conductor a cuenta del erario público podrían tener los días contados. El Consell es partidario de seguir el actual modelo Joan Lerma, que también ocupa plaza en el Senado desde que saliera de la Generaliat (y tras su paso por un ministerio) y nunca ha hecho uso de los privilegios que le corresponden a tenor de su condición de exinquilino del Palau. Se trata de establecer un catálogo de incompatibilidades para limitar el uso de los servicios del coche oficial, el despacho pagado por el Consell o el puesto de hasta dos asesores a cuenta de las arcas públicas. No permitir que se simultaneen con un cargo estatal.

Fuentes conocedoras de la medida aseguraron que el cambio se podría aplicar de manera retroactiva porque los expresidentes no adquieren ningún derecho a usar esas prerrogativas, sino que simplemente son benefactores de un servicio. Así, fijadas las normas de eses servicio, quienes no los cumplan a partir de su aprobación en Les Corts (PSPV, Compromís y PSPV tienen mayoría absoluta y cualificada con Ciudadanos, que ya se ha mostrado partidario de esto en otras regiones) dejarían de contar con el apoyo logístico y económico de la Generalitat.

Pero, la medida va más allá. Por ejemplo, desde el grupo socialista también serían partidarios de que los expresidentes no pasen a formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) como miembros natos, sin voto, pero con voz. Desde el PSPV consideran que el órgano estatutario, cuya vigencia defienden como parte del autogobierno, requiere de profesionales de reconocido prestigio dentro del ámbito jurídico y, por tanto, por el mero hecho de ser exjefes del Consell, no está garantizado. De hecho, por ejemplo, el actual presidente, Ximo Puig, es periodista de profesión, y no jurista. Este punto también dejaría fuera a Francisco Camps de su puesto en el Jurídic, que ocupa desde que dimitió como presidente de la Generalitat en 2011 y donde, según la norma actual podría mantenerse hasta 15 años, con su correspondiente sueldo, despacho, coche y secretaria. Desde el entorno del presidente Puig son partidarios de que los exmandatarios sigan teniendo un estatus en la vida pública que garantice una transición fuera de la política. Un espacio que podría pasar por la creación de un foro de expresidentes.

En el pacto del Botánico firmado por PSPV, Compromís y Podemos ya se abordó un código de buen gobierno y el portavoz de Podemos, Antonio Montiel ya pidió entonces que el nuevo Consell inicie los trámites parlamentarios necesarios para revertir los privilegios que ahora tienen los expresidentes de la Generalitat valenciana, contemplados en el estatuto que regula esta condición. Así, los exmandatarios tienen derecho a un serie de prerrogativas como la de poder usar coche oficial de manera permanente, tener asesores a su cargo o ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu. Algo que los partidos del nuevo Consell quieren cortar. Se puede cambiar la ley de expresidentes con mayoría simple, pero no la que regula el funcionamiento del CJC, que requiere de mayoría cualificada ya que está en el Estatut.

Sobre la petición de Podemos de suprimir los privilegios de los expresidentes de la Generalitat, la ahora vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra se mostró partidaria de cambiar la ley de expresidentes para eliminar que sean miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo, y están estudiando si se podría aplicar de forma retroactiva, lo que afectaría a Francisco Camps. Algo harto complicado, según la líder de Compromís. "No es cuestión de Camps", dijo en su día, sino de regular las figuras de los expresidentes, "que ya tienen su sitio en la historia y en los tribunales". Es decir, de tratar de cambiar primero lo que sí se puede cambiar: la ley de expresidentes.

Lo cierto es que de los 80 expresidentes que han tenido las 17 comunidades autónomas en las que están previstos privilegios para quienes salen del cargo, sólo 17 han sido beneficiarios de esas prerrogativas. Entre ellos, los valencianos Francisco Camps, que sólo es consejero del Jurídic con sueldo, chófer y secretaria, y Alberto Fabra, que pese a ser senador y residir en Castellón, ha pedido una oficina en Valencia en la que trabajará una de las dos asesoras que podía nombrar, la exsecretaria de Coordinación, Esther Pastor. Su ahora secretaria tiene un salario de más de 48.000 euros anuales a pesar de que no cuenta con despacho por el momento en el que realizar su trabajo y ya cobra desde finales de julio. Fabra también cuenta con coche oficial con conductor. Unos servicios de los que podría disfrutar indefinidamente si no se cambia la ley.

Frente a esa situación, 63 expresidentes ni siquiera se han acogido a uno sólo de los servicios que podían reservarse fruto de su estatus. En la Comunitat, por ejemplo, ni Joan Lerma (también senador como Fabra), ni Eduardo Zaplana hicieron nunca uso de sus prerrogativas. Tampoco José Luis Olivas, aunque apenas estuvo unos meses en el cargo y la ley se modificó para que también pudiera acogerse al estatuto de expresidentes. Con las intenciones del Consell actual, se dará salida a los ex, pero sin situaciones como la de Fabra.