15 causas auguran un año convulso para el PPCV

Este año judicial puede no ser recomendable para hipertensos. Una quincena de causas judiciales mantienen en vilo a un buen número de pesos pesados del Partido Popular tras dos décadas de gobierno. Algunos asuntos se encuentran pendientes de juicio, otros bajo investigación en el juzgado, mientras el resto permanecen todavía en las manos de la Fiscalía Anticorrupción. No se descarta que el número de investigaciones aumente en los próximos meses, consecuencia de esa acción tan reparadora de levantar las alfombras cuando los nuevos inquilinos llegan a la Generalitat. La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, clamó esta semana, durante la apertura del Año Judicial, contra la falta de medios en la lucha contra esta lacra. Reprochó la escasa colaboración de las administraciones. De igual modo, el fiscal superior, Antonio Montabes, se sumó al lamento colectivo que acompaña a jueces y fiscales. Su queja se centró en algo tan común como significativo. El mal funcionamiento de los ordenadores. Los medios materiales, en numerosas ocasiones, no llegan al nivel de aceptable.

Un caso sobresale por encima del resto. El protagonista principal, por el momento, son las andanzas del extravagante Marcos Benavent durante su gerencia en Imelsa. Su confesión ha desvelado supuestos amaños de contratos y el cobro de suculentas comisiones en la Diputación de Valencia. No son pocos los exdirigentes del Partido Popular a los que les cuesta conciliar el sueño desde que Benavent admitiera que durante una década grabó conversaciones de las más variopintas corruptelas.

El asunto sigue bajo secreto en un juzgado de la ciudad de Valencia. Las pesquisas alcanzan un volumen considerable. Amenazan con convertirse en el gran escándalo de corrupción de la historia reciente de la Comunitat. Lejos quedarían los Gürtel o Cooperación. Quizá incluso los 25 millones de euros que se evaporaron de Emarsa. Benavent declaró más de 20 horas ante la Guardia Civil y el juez. También aportó copias de seguridad de la empresa pública. Los agentes analizan este cruce de correos electrónicos.

Otra de las sorpresas de antes del verano continúa secreto en un juzgado de Sagunto. El principal imputado es el exdelegado del Gobierno y exconseller de Gobernación, Serafín Castellano. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trabaja en el informe definitivo de la trama en la empresa Avialsa. Castellano sólo ha hablado una vez desde su detención y el registro de su domicilio, adelantado en su día por LAS PROVINCIAS. Lo hizo para defender su inocencia.

La fiscalía sostiene que benefició a la empresa concesionaria del servicio de extinción de incendios a cambio de diferentes regalos. Entre ellos, un reloj, valorado en 80.000 euros, y participaciones en cacerías. La policía sospecha de que no penalizara a la mercantil al incumplir una de las condiciones del contrato -los mejores aviones nunca llegaron a estar disponibles- y que se aumentara el coste anual sin aparente justificación. Una posibilidad es que el caso valenciano sea simplemente un apéndice de una estructura que operaba de modo similar en varias autonomías. Si este fuera el supuesto, la causa viajaría a la Audiencia Nacional. Este entramado, al igual que el anterior, surgió gracias a la confesión de los exgerentes de las respectivas mercantiles.

El juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que ya instruyó Emarsa, tiene sobre su mesa otros dos asuntos de significativo interés. De nuevo, la gestión en otra empresa pública (Vaersa) se encuentra bajo sospecha. Los últimos directores generales, Felipe Espinosa y Enrique Simó, se encuentran imputados. Anticorrupción quiere que declare también bajo esta condición la exconsejera delegada y hoy presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CH), María Ángeles Ureña. Se investigan tres posibles irregularidades: el pago de la productividad a directivos sin estar autorizados, el encargo de informes de asesoría jurídica a un despacho de abogados y la compra de 60 vehículos todoterreno.

El azar quiso que en el mismo órgano recayera el caso del Palau de les Arts. La exintendente Helga Schmidt y otro alto responsable del coliseo Ernesto Moreno son los principales sospechosos. La línea de investigación más importante se centra en el cobro de comisiones por la búsqueda de patrocinios tras externalizarse esta tarea. También se analizan contratos de grandes maestros y el precio pagado por la contratación de determinados servicios, como la elaboración de unos folletos. Los agentes han acudido ya en tres ocasiones al juzgado para realizar volcados. Falta la elaboración de un informe, entre otras diligencias.

Otro asunto de reciente aterrizaje en los juzgados fue la gestión de Consuelo Císcar en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Un informe de la Intervención de la Generalitat -decisiva está siendo su tarea en varios asuntos de Anticorrupción- reveló irregularidades en la compra de obras de arte, piezas por las que se pagaron cantidades fuera de mercado. En total, el desembolso fue de dos millones. También se detectaron gastos de hotel sin justificación. El órgano es el mismo que instruyó el inicio del caso Cooperación, que terminó con una condena de seis años para el marido de Císcar, Rafael Blasco. La titular sigue ahora la investigación de otra de las piezas en las que se dividió el desvío de fondos para el Tercer Mundo. Las pesquisas sobra la fallida construcción del hospital de Haití, que se quería entregar a empresas de la órbita de Tauroni, podrían estar finiquitada a finales de año. El juicio, para 2016.

También frente a un juez se encuentra uno de los asuntos más jugosos de los próximos meses por la relevancia de los personajes investigados. Se trata del expresidente Francisco Camps, el expiloto Jorge Martínez Aspar y la exconsellera Lola Johnson. El embrollo reside en la compra de Valmor, la empresa que organizó la Fórmula 1 en Valencia. Anticorrupción sostiene que las carreras fueron un negocio privado, que no llegó a dar beneficios, pero que se costeó siempre con fondos públicos. El desenlace consistió en la compra de la mercantil y que el Consell asumiera los más de 20 millones de deuda. El caso se encuentra en Instrucción 2. A la espera de que el juez acuerde citar como imputados a los tres dirigentes. La fiscalía también solicitó en su día las testificales de todos los miembros del Consell, incluida la del propio Alberto Fabra, bajo cuyo mandato se aprobó la compra de la sociedad. Aspar, Fernando Roig y Bancaja eran los socios de la mercantil.

Otro juzgado de Valencia investiga la gestión de Rafael Aznar en la Autoridad Portuaria de Valencia. Por un lado, se rastrean determinadas adjudicaciones de obras o gastos alejados de cualquier criterio de austeridad. La otra pieza se centra en el cobro de sobresueldos de Valencia Plataforma Intermodal. Aznar llegó a percibir unos 150.000 euros brutos a lo largo de varios años pese a que la ley prohíbe recibir dos retribuciones de fondos públicos. El siguiente paso puede consistir en la citación de los miembros del consejo de administración de la citada mercantil, entre los que se encuentra, entre otros, Jorge Bellver.

La actividad de los Institutos Tecnológicos también ha supuesto trabajo a la Justicia. Una juez de Paterna investiga las irregularidades detectadas en el Instituto Tecnológico de la Óptica, el Color y la Imagen (Aido). Un informe de la Intervención recogió carencias en la justificación de ayudas europeas. La investigación pretende aclarar el destino final de 28 millones de euros, según las primeras pesquisas. La titular decretó el secreto de sumario.

Los sobrecostes en la ampliación de Feria de Valencia y los gastos personales de algunos directivos, regalos incluidos, sufragados con las tarjetas del recinto siguen bajo la lupa del ministerio público. La fiscalía pidió este verano otra prórroga de un año para seguir con el asunto. Se desconoce si finalmente el caso derivará en una denuncia.

En idéntica situación permanece la denuncia de Compromís por los gastos de representación de Rita Barberá durante su última legislatura en el Ayuntamiento de Valencia. El ministerio público revisa los más de 270.000 euros de diferentes facturas. En especial, los investigadores comprobarán si ese dinero sirvió para actos del partido.

Las sospechas también alcanzan la gestión de la Conselleria de Educación. Una denuncia de Compromís apunta a una financiación excesiva de la Generalitat a los centros concertados y el pago de nóminas a liberados sindicales.

La trama de los servicios de asesoría a los Ayuntamientos llevó a dos detenidos a la cárcel de Picassent. Se trata del exsecretario del Ayuntamiento de Canet Sancho Sempere y de un funcionario que trabajaba para el Consorcio de Museos, Rafael P. M. Al menos una decena de consistorios, la mayoría gobernados por el PP, se vieron perjudicados por la trama.

La trama Gürtel regresó a Madrid. Las pesquisas por la visita del Papa mantienen imputado a Juan Cotino, expresidente de Les Corts y exdirector general de la Policía. El TSJ sólo juzga el presunto amaño en el contrato de los stands de la Feria de Turismo. Dos exconselleras se sientan en el banquillo.

Las vistas por el caso Emarsa comenzaban el 2 de noviembre. No obstante, la sorpresiva detención en Moldavia de Roca Samper, el cerebro financiero de la red, puede retrasar el juicio. Así lo solicitó recientemente la fiscalía. Una probable declaración del empresario, fugado tras estallar el escándalo, podría implicar nuevas imputaciones.