Ciudadanos propone recortar los privilegios de Camps y Fabra y que dejen de ser vitalicios

Carolina Punset, síndic de Ciudadanos en Les Corts, coincide con los líderes de su partido en Madrid respecto al modo en que se debe tratar a los expresidentes del gobierno autonómico. La formación de Rivera en la capital de España, con capacidad de influencia en el gobierno de la popular Cristina Cifuentes, forzó la desaparición del Consejo Consultivo de Madrid, el equivalente al Consell Juridic Consultiu (CJC, institución a la que tienen el derecho de pertenecer los expresidentes de la Generalitat). Punset se reunió con su equipo legal para estudiar el modo de prescindir de ese consejo. La portavoz de Cs también quiere proponer que los exjefes del Consell vean limitado en el tiempo la paga que reciben, así como algunos de sus priviegios.

"Es razonable que los expresidentes cuenten con un margen de tiempo para reincorporarse a la sociedad y tenemos la intención de proponer medidas razonables que les permitan dsponer de una paga, pero durante y tiempo limitado y sin que ello suponga, además, contar con otras cosas ilógicas como tener secretaria toda la vida", señaló Punset, quien además recordó que sus intenciones hacia el CJC "fueron anunciadas durante la campaña electoral. Cada autonomía tiene sus peculidaridades jurídicas y en ese marco habrá que abordar lo que pasa en la Comunitat, pero nuestra intención es suprimir instituciones duplicadas y burocracia innecesaria".

Reformar el estatuto de expresidentes autonómicos es uno de los objetivos del Consell a medio plazo. Tal y como avanzó este periódico, los grupos que dan sustento parlamentario al Gobierno valenciano tienen previsto presentar en los próximos meses una iniciativa en Les Corts para limitar los privilegios. De los 80 expresidentes autonómicos con posibilidad a acogerse a este tipo de prerrogativas, sólo 17 han sido beneficiarios. Entre ellos, los valencianos Francisco Camps y Alberto Fabra, que pese a ser senador y residir en Castellón, ha pedido una oficina en Valencia en la que trabajará una de las dos asesoras que podía nombrar, la exsecretaria de Coordinación, Esther Pastor. Su ahora secretaria tiene un salario de más de 48.000 euros anuales aunque todavía no cuenta con despacho (ya se apuntan algunas posibles sedes, como las instalaciones de la UIMP, en el centro histórico de Valencia) y cobra desde finales de julio. Fabra también cuenta con coche oficial con conductor. En Madrid, el compromiso por el cual Ciudadanos permitió que Cifuentes accediese a la presidencia implicaba la eliminación de su consejo consultivo, algo que ya se ha hecho, si bien ahora se pretende, además, fijar un plazo de entre dos y tres años durante los cuales los expresidentes cobren una paga.