EFE
Viernes, 25 de septiembre 2015, 12:31
El grupo Ciudadanos en Les Corts Valencianes ha presentado una propuesta para eliminar el Consell Jurídic Consutiu (CJC) por considerar que hay que recortar en gastos "superfluos" y que ese organismo es "un claro ejemplo de duplicidad", pues es equivalente al Consejo de Estado.
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"Se puede sobrevivir sin CJC", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset, quien ha precisado que se trata de un organismo que cuesta 2,43 millones de euros al año (el 82,7 % por el gasto de personal de unas 30 personas) y elabora una media de dos dictámenes diarios, que además no son vinculantes.
Punset ha manifestado que el coste de mantener el CJC es comparable a los 2 millones que suponen las becas de comedor, los 2,4 millones que se destinan a menores en situación de riesgo o los 2,1 millones para la inserción laboral de personas en paro, y ha opinado que esos recursos deberían dedicarse al estado del bienestar.
La dirigente de C's ha afirmado que hay "multitud" de organismos, Agencias y Observatorios que "no contribuyen al autogobierno" y solo suponen "burocracia innecesaria y duplicidades", por lo que ha instado al Consell a trabajar en su eliminación, en lugar de "atrincherarse" en el "permanente llanto" por la falta de financiación.
La eliminación del CJC implicaría una reforma del Estatuto de Autonomía, ya que se trata de un organismo estatutario, y por eso la proposición no de ley presentada plantea instar al Consell a iniciar el procedimiento para modificar la norma estatutaria con el fin de eliminar esa figura, así como que derogue la ley de creación.
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Punset ha considerado que estas reformas se deben abordar con "responsabilidad y con sosiego" y ha destacado que "no es urgente de hoy para mañana" quitar la partida presupuestaria para el CJC, ya que eso supondría generar "un problema jurídico donde no lo hay".
Además, ha explicado que esta iniciativa no es una "revancha contra ningún expresident" de la Generalitat (quienes según la ley del CJC pueden ser miembros natos de este organismo, y un cargo que ocupa en la actualidad Francisco Camps), si bien son partidarios de eliminar "privilegios" o de "limitarlos" al tiempo necesario para reincorporarse a la "vida civil".
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