Grau y Bellver, imputados por los sobresueldos al expresidente del Puerto de Valencia

El juez que investiga las irregularidades en el Puerto de Valencia ha citado a todo el consejo de administración de Valencia Plataforma Intermodal (VPI), la firma desde la que el expresidente Rafael Aznar y otros responsables de la Autoridad Portuaria recibieron sobresueldos. La ley prohíbe recibir dos retribuciones de fondos públicos.

La providencia del titular de Instrucción 14 fija las comparecencias para el próximo 28 de octubre. El consejo de administración de VPI estaba integrado por responsables de diferentes administraciones. Entre ellas, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. Los dos dirigentes del Consistorio que formaban parte del órgano en diciembre de 2004 -cuando se aprobaran los sobresueldos- son los entonces concejales Jorge Bellver y Alfonso Grau, según confirmaron ayer fuentes cercanas a la firma.

Fuentes judiciales manifestaron ayer su extrañeza de que las citaciones se produzcan como imputados. Destacaron, en especial, la de Bellver porque es diputado en Les Corts y, por tanto, está aforado. De igual modo, añadieron que esta comparecencia no podría celebrarse en un juzgado de instrucción ordinario sino que el asunto tendría que trasladarse al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Esta misma semana, no obstante, se ha producido una situación similar. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había citado a declarar como imputado al diputado valenciano Víctor Soler por su presunta relación con la trama de amaños de contratos descubierta en la operación Púnica. Al conocer que se trataba de un aforado, se ha suspendido su declaración a la espera de terminar con esta ronda de comparecencias. De esta forma, el juez evita que la causa pase al TSJ de la Comunidad de Madrid y la mantiene en su juzgado.

No son los únicos miembros relevantes del consejo de administración. Entre los otros integrantes destacan José Manuel Uncio, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas o Luis Lobón, ex secretario autonómico de Turismo y Grandes Proyectos. Este último se enfrenta a pena de prisión por su participación en el caso Nóos. Estos dos políticos cubrían la cuota de la Generalitat en la citada empresa. Aparte de los cuatro dirigentes anteriores, otros responsables de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (Sepes) y de la Autoridad Portuaria acudirán al juzgado.

Retribuciones a directivos

La investigación judicial pretende aclarar por qué los consejeros aceptaron pagar unas retribuciones a los directivos del Puerto pese a que la ley impide cobrar dos sueldos de fondos públicos. La VPI es una sociedad financiada con dinero público y creada en su día para potenciar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), idea de escaso éxito tras más de una década. La firma siempre resultó deficitaria.

El entonces presidente del Puerto de Valencia cobró 90.900 euros brutos de la empresa Valencia Plataforma Intermodal de 2004 a 2008, tal y como en su día informó LAS PROVINCIAS. En los tres años siguientes, los que analiza el informe de la Intervención General del Estado que dio lugar a la denuncia de la fiscalía, se embolsó otros 77.000 euros. Esta última cantidad ya fue reintegrada por el máximo responsable cuando le advirtieron de la irregularidad. Esto no evitó que el asunto desembocara en una denuncia del ministerio público.

Aznar y los otros trabajadores denunciados culparon de esta situación al secretario del consejo de administración, que es abogado del Estado, porque no les avisó de que era ilegal recibir estas cantidades. Finalmente, el letrado terminó también imputado porque nunca pidió permiso a la Abogacía del Estado para esta remuneración. Su caso mantiene una ligera diferencia respecto al resto de los imputados. Él podría haber obtenido una autorización para cobrar por estos servicios.

La causa está divida en dos piezas. La instrucción más avanzada corresponde a las pesquisas de los sobresueldos que cuenta con cinco imputados (Aznar, dos directivos, un trabajador y un abogado del Estado). Por otro lado se investigan supuestas irregularidades en la gestión del Puerto de Valencia, como adjudicaciones sin concurso o gastos suntuosos, como la compra de un yate de cuatro millones de euros para la Copa América.