Convalidan el decreto que permite a los municipios mantener competencias sociales

Les Corts Valencianes han convalidado hoy el decreto ley del Consell que permitirá a los municipios de la Comunitat seguir prestando las competencias relativas a educación, salud y servicios sociales a las que hace referencia la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

La propuesta, defendida por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el pleno de la Cámara autonómica, ha salido adelante con los votos a favor del PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, y en contra del grupo popular.

Oltra, quien ha dicho que el Consell no es "muy amigo" de los decretos leyes, ha justificado la necesidad de aplicarlo en este caso por la proximidad de la fecha en que la que las comunidades autónomas deben asumir las competencias locales en servicios sociales, cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre de 2015.

Asimismo, ha alegado la falta normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, que concreten los términos en los que las Comunidades Autónomas debe asumir estas competencias.

También ha justificado la aprobación del decreto por la afectación que la norma estatal tendrá en "la conectividad de la prestación de servicios públicos", ya que, a su juicio, esa ley "aleja los servicios sociales de base de las personas que los necesitan".

La ley estatal, ha dicho Oltra, "desprotege a las personas más vulnerables", algo que el Gobierno valenciano "no va a permitir" y por ello, ha asegurado, pretende aplicar una "moratoria" en su aplicación con este decreto.

El decreto ley establece que las Consellerias competentes en la materia elaborarán un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios en el que se contemplen las condiciones para el traspaso de los medios económicos, materiales y personales correspondientes.

El diputado del PP José Ramón Calpe ha criticado el uso de un mecanismo "extraordinario" como el decreto ley, y ha acusado al Consell de alterar una norma estatal a través de una ley autonómica, que además, ha dicho, "no sirve para nada" o puede, incluso, "aumentar la ligitiosidad entre los ayuntamientos y la Generalitat".

Calpe ha considerado que el Consell pretende "egoístamente resolver los problemas de la Generalitat", pues, según ha dicho, lo único que hace la ley estatal es que esas competencias que prestan los ayuntamientos las asuman las comunidades, pero no impide que éstas las deleguen a los municipios.

Ha reconocido los problemas económicos que tiene la Generalitat, pero ha considerado que con este decreto pretende "resolver su problema y dejar en pie el problema de los ayuntamiento".

Desde Compromís, Mónica Álvaro ha defendido el decreto ley por ser algo que esperaban muchos ayuntamientos, por hacer "justicia" y por "rectificar el mal que otros nos legaron", mientras que la socialista Concha Andrés confía en que la ley estatal sea pronto derogada.

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha recordado que más de 2.000 ayuntamientos de toda España han recurrido la ley del Estado al Tribunal Constitucional, mientras que el diputado de Ciudadanos Alberto García ha apoyado la convalidación de este decreto frente a una norma "ni sensata ni justa".

El pleno ordinario de las Corts de esta semana acogerá el debate de dos decretos-ley, sobre la reversión de la Ley de Racionalización de la Administración Pública y el ámbito competencial del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), además de cuatro proposiciones de ley, entre ellas la presentada por Podemos para reformar la Ley del Estatuto de los Expresidentes, y cinco proposiciones no de ley --una por cada grupo-- entre las que destaca la de Ciudadanos para suprimir el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

El orden del día del pleno, que irá seguido de la sesión de control, consta de 17 puntos. Así, se abordarán dos decretos-ley, sobre la reversión de la Ley de Racionalización de la Administración Pública y sobre el ámbito competencial del IVF, junto a cuatro proposiciones de ley: una sobre policías locales presentada por Compromís, dos de Podemos sobre cuentas abiertas y la Ley de Estatuto de los Expresidentes, y una última del PP sobre las diputaciones. A ellas se sumarán las preguntas, interpelaciones y proposiciones no de ley de cada grupo, cinco en total.

El portavoz del grupo socialista, Manolo Mata, advertía la pasada semana de que el pleno "va a ser maratoniano" mientras que la portavoz 'popular', Isabel Bonig, se mostraba alegre porque "por fin el presidente comparecerá para someterse al control" después de "110 días sin que se someta a la fiscalización de la oposición y de las Cortes".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, explicaba, además, que la Junta acordó proponer al Consell que haya un miembro de cada grupo en el Consell de Cooperación --en la actualidad hay dos representantes del Parlamento--.

Por su parte, desde Ciudadanos, Carolina Punset, defendía su proposición no de ley para suprimir el CJC, una línea de trabajo que plantea que "los recursos públicos tienen que ser utilizados no para mantener a la clase política, sino para que lleguen a la ciudadanía y se gasten donde se tienen que gastar, que es en sanidad, en educación y en bienestar social".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, apuntó respecto a la reforma de la Ley del Estatuto de los Expresidentes que no tiene "ningún sentido que un expresidente conserve privilegios como secretaria, asesor, coche oficial o seguridad" cuando muchos "acaban siendo de nuevo cargos políticos" en una "especie de puerta giratoria de lo público a lo público".