Suspendido el juicio de Emarsa

El juicio por el caso Emarsa ha quedado suspendido hasta que uno de los principales implicados, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, que está detenido en Moldavia, pase a disposición de las autoridades españolas y se pueda completar la instrucción con sus declaraciones.

Esta decisión de suspensión y aplazamiento se ha producido tras las peticiones formuladas por la Fiscalía y varias defensas en la primera sesión del juicio por el caso Emarsa, que juzga el saqueo de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), que gestionó la depuradora de Pinedo.

El ministerio público había solicitado el aplazamiento del juicio hasta que Roca Samper, cerebro de la trama y condenado en Moldavia por otro delito, sea extraditado a España. Ha argumentado el ministerio público que la celebración de la vista sin Roca atenta contra el principio de la unidad de la causa y resulta complicado desligar la actuación de Roca respecto al resto de los acusados.

Además, el ministerio público ha alertado del riesgo de sentencias contradictorias para hechos íntimamente relacionados, lo que puede poner en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva. El abogado de Enrique Crespo se suma a la petición.

El juicio por el expolio de la depuradora de Pinedo había empezado esta mañana en la Audiencia de Valencia. Se trata del mayor caso de corrupción hasta la fecha si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que voló de las arcas públicas: más de 20 millones de euros. Lejos quedan en este triste ranking otros escándalos de las últimas legislaturas como el de Cooperación o las diferentes piezas de la Gürtel, por citar un par de ejemplos. Todo a la espera del final de las pesquisas del caso Imelsa, que amenaza con alcanzar un fraude de varios millones de euros.

La Audiencia ya había rechazado la pretensión de la fiscalía de aplazar la celebración del juicio de Emarsa a la espera de que Jorge Ignacio Roca Samper, el cerebro del entramado financiero de la red, sea extraditado a España. El empresario, fugado desde que saltó el escándalo en 2010, fue detenido antes del verano en Moldavia con una identidad falsa. Recientemente ha sido condenado a diez meses de prisión en la citada república, tal y como informó LAS PROVINCIAS. Hoy empieza la vista con las cuestiones previas. Quizá alguna de las acusaciones o las defensas, que también sostenían la necesidad de un aplazamiento, insistan de nuevo en este asunto.

El tribunal examinará el caso durante los próximos siete meses. Las declaraciones de los acusados están previstas a partir del 16 de noviembre, las de los testigos el 14 de diciembre, los peritos a partir del 10 de mayo. Las conclusiones serían a partir del 18 de este mismo mes. Más de 200 testigos comparecerán en la sala.

La investigación ha destapado dos grandes métodos de saqueo al margen de otras irregularidades. Más de la mitad del dinero defraudado se distrajo al interponer empresas pantalla en la facturación de lodos. Cobraban el triple de lo que costaba en realidad el servicio. Los cuatro principales acusados e ideólogos de la red delictiva obtenían el dinero con tarjetas de crédito asociadas a las mercantiles bajo sospecha. Otro de los principales asuntos investigados es el pago de Emarsa por obras que nunca se hicieron o por servicios a los que hincharon notablemente el precio para beneficiar a un tercero. En este caso, destacan las empresas de los familiares de quien era el informático de la planta, conocido como Chanín.

En el banquillo se sentarán, de entrada, 24 acusados. No obstante, algunos podrían ausentarse durante el juicio si así lo permite el tribunal. Se trata de procesados que han reconocido su responsabilidad en los hechos y ya han aceptado la pena. Los principales acusados son el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; el gerente de la empresa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta y el director financiero entre 1996 y 2010, Enrique Arnal. También figuran el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) dependiente de la Generalitat José Juan Morenilla, y el exjefe de departamento de Epsar Ignacio Bernácer. Las mayores penas son para estos dos últimos y Crespo, que se enfrentan a 14 años de cárcel. El exgerente Cuesta deberá afrontar una petición de 12 años. El resto, desde ocho a dos años de cárcel.

La investigación principal derivó en multitud de piezas. Tres ya han sido juzgadas y se han resuelto con condenas. La más importante, la del hermano de Crespo a quien se le impusieron dos años por blanqueo de capitales. Idéntico castigo para Vicente Ros, condenado por alzamiento de bienes.

El juicio se celebrará cinco años después de abrirse la causa en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia. La instrucción ha sido relativamente rápida -teniendo en cuenta la inmensidad de la causa- gracias al titular del juzgado de Instrucción número 15 y a la fiscal asignada al caso. Además, ejercen la acusación popular la Generalitat Valenciana y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), mientras que el alcalde socialista de Albal, Ramón Marí, ejerce la acción popular.