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Mata charla con Montiel en Les Corts en un receso. :: jesús sánchez signes

El PSPV, dividido por el plan de subir el sueldo a algunos cargos del Consell

Compromís apoya la apertura del debate pero está en contra de la propuesta socialista, mientras que Podemos quiere extenderlo al ámbito privado

J. C. F./F. R.

Lunes, 16 de noviembre 2015, 00:38

La propuesta de aumentar de forma encubierta el sueldo de los altos cargos de la Generalitat, presentada por el portavoz del grupo socialista en Les Corts, no ha tenido, precisamente, una buena acogida en distintos sectores del PSPV.

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La enmienda se presenta a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat. Una iniciativa legislativa que en numerosas ocasiones presenta sorpresas como esta iniciativa que firma Manolo Mata, el síndico socialista.

Dirigentes que precisamente no forman parte la oposición a Blanquerías calificaron de subida de sueldos «encubierta» la iniciativa del grupo parlamentario.

Consideraron que se trata de «una enmienda nominal, es decir, la mejora de los sueldos no es para todos los altos cargos o para todos los que desempeñen tal o cual función, sino que se realiza de acuerdo con las circunstancias personales de cada uno de ellos. Si eras funcionario antes de convertirte, por ejemplo, en un conseller, la medida te afecta y te beneficia, pero si no lo eras y desempeñabas tu labor profesional en la empresa privada, te aguantas y no te toca el complemento que supondría la subida salarial».

Otros entendieron que si finalmente se aprueba esa enmienda supondría «crear altos cargos de primera y de segunda, consellers de primera y de segunda».

En todo caso, ironizaron, si la citada iniciativa aportada a la ley de acompañamiento es nominal «lo que debería de hacer directamente la enmienda es decir qué alto cargo de la Generalitat tiene que cobrar más y quien tiene que percibir menos sueldo».

Otra de las objeciones que las distintas fuentes consultadas pusieron de manifiesto es que se trata de una propuesta que ahuyenta de la política a los trabajadores de la iniciativa privada. «¿Cómo se va a dedicar un profesional del sector privado a la actividad política si él tiene que perder dinero y en cambio un funcionario público no?», apuntan.

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La enmienda, además, supone conceder «mayores privilegios» a quienes viven de una nómina que paga la Administración pública. «Ya no es que cualquier funcionario tenga garantizado su puesto de trabajo de por vida, que lo tienen. Ya no es que cualquier funcionario que se dedique a la actividad pública regrese a su puesto de trabajo con el máximo nivel retributivo de la Administración (el 30). Es que, además, ahora los funcionarios no perderán dinero si se dedican a la actividad política, pero el resto de profesionales sí», argumentaron.

La propuesta firmada por el síndico socialista en el Parlamento valenciano supone «crear una casta, esta sí, la de los funcionarios, para que se dediquen a la política sin perder nivel de vida».

Además de los consellers Gabriela Bravo y Vicent Soler, fiscal y catedrático de Economía Aplicada, respectivamente, se verían beneficiados cargos del segundo escalón como podría ser el secretario autonómico de presidencia, Andreu Ferrer, interventor municipal de profesión, y la directora general de Justicia, María Ángels García Vidal, que es magistrada de profesión.

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¿Y qué opinión le merece la enmienda a los socios parlamentarios del PSPV? El conjunto de la medida no enamora ni a Compromís ni a Podemos.

El síndico de Compromís, Fran Ferri, aseguró que se trata de una iniciativa positiva en tanto en cuanto sirve «para que se abra el debate» sobre los sueldos de los políticos. «Eso nos parece bien», reiteró el portavoz parlamentario. Ahora, en lo que no están de acuerdo es en que se favorezca a unos y no a otros. «Nosotros somos partidarios que ante un mismo trabajo tiene que haber un mismo sueldo», aseguró.

Antonio Montiel, síndico de Podemos, afirmó que hablar de subir el sueldo a los políticos cuando aún hay mucha gente que lo pasa mal es un asunto polémico, pero en tiempos de bonanza sí es partidario de abrir el debate y extender la iniciativa al sector privado, pero «con la aplicación de un código ético muy estricto. Debe utilizarse el sentido común y no desincentivar a quienes trabajan en el sector privado. No somos ángeles pero tampoco espartanos». «Contar con los mejores tiene un coste», agregó el portavoz.

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