El PPCV dejó una hipoteca de 45.000 millones en gastos al nuevo Consell

La herencia recibida. Tres palabras mágicas que han supuesto la columna vertebral del argumentario del que el PP se ha servido a lo largo de la legislatura para justificar la mayor parte de sus decisiones en materia económica. El actual Consell sólo tendrá que esperar unos días más para cuantificar la que heredará del anterior gobierno presidido por Alberto Fabra. Según los datos que se desgranan en el informe provisional que la Sindicatura de Comptes hace sobre la Cuenta General de 2014 al que ha tenido acceso este diario, la hipoteca que el PPCV dejó al Gobierno de Ximo Puig ascendía a 31 de diciembre de ese ejercicio a 45.086 millones de euros. Siete billones (con b) de las antiguas pesetas, en obligaciones pendientes de pago que se endosan ahora a la hucha futura. Para saldar esa gran bolsa de pagos con cargo al futuro, la Generalitat tendría que destinar a abonar todas esos gastos casi tres presupuestos completos como los que aprobó el pasado martes en Les Corts.

El informe del órgano auditor de la Generalitat es hasta el este lunes un borrador en fase de alegaciones al que las partes implicadas (los anteriores gestores y los actuales) pueden presentar puntualizaciones. Sin embargo, las cifras que arroja de la situación económica de la Administración valenciana, de las deudas vencidas y de las que aún no son exigibles, son demoledoras. La Sindicatura corrige al alza las cifras de gasto hipotecado para los próximos ejercicios que en la Cuenta General aprobada por el anterior Consell se elevaban hasta los 44.098 millones de euros. Sin embargo, el auditor advierte de que hay 987,6 millones más que deben sumarse al calendario de pagos de esas deudas porque corresponden a convenios y acuerdos que no han sido abonados. Así, la herencia de números rojos recibida es de 45.086 millones.

En concreto, los casi mil millones más que la Sindicatura imputa como gasto ya comprometido (las deudas que tienes y las que tendrás derivadas de algunas inversiones) provienen en su mayoría de deuda sanitaria. El famoso gasto sanitario sin cobertura que se produce por presupuestar a la baja desembolsos que sí o sí se acabarán produciendo en centros sanitarios y que se acaba imputando a presupuestos posteriores. Las antes conocidas como facturas en los cajones que, ahora, sin embargo, sí se registran en la cuenta 409, a la espera de liquidez para poder hacer frente al pago. De ese gasto sanitario sin abonar hay más de 432,9 millones de euros que deberá imputarse a los presupuestos entre 2015 y 2017. El origen de este gasto sanitario se remonta a varios años. En concreto, el saldo a 31 de diciembre de 2013 ascendía a 674,2 millones, cifra que se ha reducido con el abono de 145,5 millones de obligaciones de los ejercicios 2002 a 2004, otros 86,1 millones de obligaciones de los años 2006 a 2008 y 9,7 millones del Consorcio del Hospital Provincial de Castelló. Además, de estos 432,9 millones de deuda sanitaria asumida ahora con las entidades financieras, 191,6 millones lo son a largo plazo y los restantes 241,3 millones, a largo plazo.

Otra parte importante de la hipoteca del anterior Consell surge de otros 308 millones de euros corresponden a un convenio firmado en 2002 con Feria Valencia a lo que hay que sumar los intereses derivados del impago. Pero, también de 245,8 millones correspondientes a las cuotas por los compromisos de los planes de inversiones de las universidades públicas valencianas.

El grueso de los más de 45.000 millones de euros a los que deberán hacer frente los sucesivos gobiernos es el acumulado durante los años de historia de la Generalitat, sobre los que no entra en detalle la Sindicatura. En términos domésticos, además de deudas propiamente dichas, hay también inversiones que se deben seguir amortizando en el tiempo, como sucede con los préstamos hipotecarios. Pero no están especificadas en la Cuenta General. Algunas de estas deudas tienen fechas de liquidación más allá de 2050.

La cifra de deudas vencidas y por vencer ha evolucionado a lo largo de la historia de la Generalitat. El ejecutivo de Joan Lerma dejó 5.637 millones, una cantidad que equivalía al presupuesto del año que dejó el Gobierno. Posteriormente, durante las dos legislaturas de Eduardo Zaplana, los compromisos se incrementaron en 7.051 millones y con las empresas públicas, llegó a 13.982 millones sin contar sector público.

Ya con Francisco Camps como presidente, según la Sindicatura, 31 de diciembre de 2007, esa cantidad ascendía a 20.985 y al final de su mandato pasó a más de 26.109 millones sin contar sector público. Con ambas sumas, se disparó por encima de los 52.000 millones. Y eso que en 2010 el Consell decidió cambiar el cálculo y lograron reducir la cantidad que aparecía año tras año en la Cuenta General.