Compromís señala a Bonig

El portavoz del grupo parlamentario Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que el último informe de la Sindicatura de Cuentas de 2014 muestra "aspectos demoledores" sobre la gestión del PP y en concreto, sobre el papel de Isabel Bonig como consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

En un comunicado, ha recordado que una de las empresas con capital público auditadas por la Sindicatura ha sido Desarrollo Urbano para Viviendas Protegidas SL (DUVP), de la que es socio mayoritario la Entidad de Infraestructuras de la Generalidad (EIGE), presidida por Bonig en el período auditado en este último informe.

DUVP es una de las empresas mixtas promotoras de operaciones inmobiliarias creadas en 2004 por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco.

El Síndic destaca que los consejeros propuestos por el EIGE para la DUVP no tenían acceso a las cuentas corrientes de la empresa y que la contabilidad era gestionada únicamente por el representante del capital privado, a pesar de que los consejeros podían haber ejercido un control efectivo en el Consejo de Administración.

Según Ferri, "este descontrol por parte de la entidad presidida por Bonig sobre la gestión de esta empresa mixta ha supuesto un agujero importante en las arcas públicas ya que el IVF ha tenido que hacer frente al pago 1,44 millones por un aval a favor DUVP por una promoción de viviendas en Alaquàs que no fueron construidas".

Además, el informe de la Sindicatura detecta numerosas irregularidades en la contabilidad de DUVP que muestran cómo esta empresa mixta fue "un gran negocio para los socios privados mientras ha dejado una enorme agujero fruto de una nefasta gestión que ahora tenemos que pagar todos y todas".

Según el documento, la DUVP no dispone de las facturas originales de las deudas con proveedores, ni de las deudas con el socio privado y que no se ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente en varios epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias.

"Por ello, no se dispone de evidencia de que los importes que se deben, que aparecen en el balance a 31 de diciembre de 2014 en estos epígrafes, sean por trabajos efectivamente realizados y no hayan sido abonados con anterioridad", ha apuntado.

Para el parlamentario, "analizando el informe de la Sindicatura nos podemos hacer una idea de la dimensión del saqueo de dinero público que presuntamente se ha producido a través de esta empresa mixta".

Ha resaltado que "DUVP ha tenido unas pérdidas en el ejercicio 2014 de 2.567.616 euros, de los que 234.246 euros la empresa los debe a su propio socio privado y 632.665 euros a otros proveedores según los balances de la empresa, sin que según el Síndic, haya constancia del origen ni de la veracidad de estos importes".

"Estamos ante una empresa mixta gestionada exclusivamente por el socio privado con la connivencia del EIGE presidido por Isabel Bonig, que ocasiona una deuda de la que no hay facturas y el beneficiario de la deuda es la propia empresa que gestionaba la entidad mixta", ha apuntado Ferri.

"Todo muy bonito y fuera de sospecha. Ya sabemos qué quiere decir Bonig cuando habla de colaboración público-privada. Negocios privados, que pagamos entre todos y todas", ha ironizado.

Ferri ya preguntó en Les Corts durante la pasada legislatura a Bonig sobre las irregularidades en esta empresa mixta y la imposibilidad de la Intervención General de la Generalitat de realizar una auditoría de la misma, sin que la entonces consellera asumiera responsabilidad alguna.

"Desde Compromís creemos que este es un nuevo capítulo de la ruina en diferido que ha dejado el PP y a la que debe hacer frente el nuevo Consell. Hay que investigar, hay que saber la verdad y exigir las responsabilidades que procedan, tanto de los que causaron el agujero como de los que lo permitieron. Y Bonig deberá dar explicaciones sobre su nefasta gestión", ha apuntado.

Compromís ha presentado en Les Corts una proposición no de ley para instar a la realización de una auditoría sobre la gestión de las empresas mixtas creadas por la Conselleria de Territorio y Vivienda y la utilización de dinero público en la promoción de operaciones inmobiliarias ruinosas.