Un expresidente patronal y otros diez empresarios, en el calabozo

La vertiente empresarial de la investigación de la Unidad Central de Inteligencia de la Guardia Civil (UCO) deja 11 empresarios valencianos entre los 25 detenidos. En su mayoría se trata de constructores vinculados a la obra pública que han desarrollado su actividad por toda la Comunitat Valenciana, aunque principalmente en la provincia de Valencia.

Aunque en algunos casos los investigadores consideran que se tratan simplemente de testaferros que firmaban las operaciones que planteaban los responsables de la trama, entre los detenidos también figuran personalidades conocidas del ámbito empresarial por sus responsabilidades en organizaciones del sector como por la relevancia de las firmas de las que son responsables.

Entre los detenidos la noche del lunes se encuentra el expresidente de la Federación de Empresarios Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval), Javier Luján, entre 2007 y 2011. En el ámbito privado es el presidente del Grupo Luján, especializada en obra pública, empresarial y edificación. Entre las obras adjudicadas se cuentan un gran número de tramos de carreteras, conducciones de abastecimiento y saneamiento de aguas, estaciones depuradoras y obras ferroviarias como playas de vías, cocheras y estaciones.

Entre las obras que destacan en el porfolio de su página web está la participación en las uniones temporales de empresas para la realización del Trasvase Júcar-Vinalopó o la construcción del Circuito de Fórmula 1 de Valencia, al igual que diversos centros administrativos municipales, el Complejo Administrativo 9 de Octubre o la remodelación de los Tinglados 4 y 5 en el Puerto de Valencia.

También ha sido detenido José Adolfo Vedri, preside la agencia de comunicación y publicidad Engloba, una de la principales empresa del sector en la Comunitat Valenciana y que el pasado lunes fue registrada por los agentes de la Guardia Civil. La agencia era citada en las grabaciones del caso Gürtel asegurando su presencia habitual en los contratos públicos de la Generalitat. Entre sus clientes ha estado Imelsa, a la que también tiene alquilado un local en el barrio del Carmen de Valencia.

Aunque su actividad se vio significativamente afectada por la crisis inmobiliaria, un sector en el que contaba con un gran número de clientes, mantiene en cartera empresas y organizaciones de referencia en la economía valenciana a las que presta distintos servicios relacionados con el marketing y la comunicación. Por otra parte, Vedri, más conocido como Sadol, está al frente de la empresa Bulevar del Arte y la Cultura Gestión, que obtuvo la adjudicación del centro cultura La Rambleta de Valenciana. En las grabaciones realizada por Marcos Benavent, la concejal María José Halcón, en libertad con cargo, comentaba el proceso de la adjudicación.

Otro de los detenidos más conocidos de la sociedad y la economía valenciana es Carlos Turró, presidente de Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas S.A. (Cleop). La empresa ha sido adjudicataria de diversas obras públicas y superó el concurso de acreedores en 2014, tras un profundo redimensionamiento. Entre sus negocios también se ha contado la gestión del servicio de grúas municipales de Valencia, entre otras ciudades, aunque fue el fin de la concesión en la capital la que llevó a la suspensión de pagos de esta filial.

También Turró figuraba con una deuda de 9,5 millones de euros en el listado publicado de los principales deudores de la Agencia Tributaria, pero esta no ha sido la única noticia vinculada a aspectos ajenos a la actividad empresarial. Hace dos años, la Fiscalía archivaba la investigación por los créditos concedidos a la empresa por el Banco de Valencia y ha mantenido un pleito con sus antiguos socios de la constructora Urbem, la empresa de la familia Pastor.

Vinculado con Turró también ha sido detenido Alejandro Serra Nogués, que fue hasta 2012 consejero y director general de Cleop. Desde esa fecha ha seguido vinculado a la empresa y sus filiales, aunque funciones de tipo más técnico y menos relacionadas con la gestión de la sociedad.

El listado de empresarios detenidos cuenta con otras siete individuos. Entre ellas figuran personas señaladas como presuntos testaferros de Marcos Benavent, hombre de confianza de Alfonso Rus. Este sería el caso de Jaime Úbeda, que habría estado al frente formalmente de mercantiles que servían para blanquear dinero, según la investigación.

Entre los constructores detenidos están Vicente Francés Mora (Construcciones Francés) y Javier Marchesí (Clásica Urbana), además de otros dedicados a diversos sectores como Enrique Aleixandre (Valenciana Estratégica), el castellonenses Carlos Vicente Gil y el alicantino Jaime Cabot. También figura José Mariano López Sancho, suegro de Benavent y al que los investigadores relacionan con la filtración de las grabaciones que destaparon el caso.