Investigan cuentas en el extranjero

Una de los éxitos de cualquier investigación judicial es averiguar dónde se encuentra el dinero presuntamente malversado o en qué se invirtió. Este asunto todavía resulta más prioritario en una trama en la que se barajan decenas de millones de euros de fondos públicos distraídos. Aquí se trabaja en dos sentidos. Por un lado, la sospecha de que la trama sacara parte del capital acumulado durante una docena de años (2003-2005) de gestión corrupta a cuentas particulares o de empresas en el extranjero. Y los especialistas de la Guardia Civil se esfuerzan en el rastreo de estos depósitos.

La operación cuenta con más de un centenar de imputados, récord en cualquier investigación de Anticorrupción realizada hasta la fecha en la Comunitat. El juzgado y la Guardia Civil se han repartido el trabajo. Algunos de los detenidos comenzaron ayer a desfilar por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. El resto, la mayoría de los investigados -nueva denominación de los imputados tras la reforma legal- están siendo citados en la Comandancia de Patraix. Destacó ayer la presencia en las dependencias del exvicealcalde Alfonso Grau y uno de sus asesores, que acudieron a declarar.

La primera ronda de interrogatorios ha permitido conocer una de las líneas de investigación que manejan los expertos de la Guardia Civil: el blanqueo de capitales que presuntamente se habría cometido a través del Grupo Municipal del PP. Se ignora de dónde procedía ese dinero: si de contratos amañados de la trama más allá de la corporación municipal o incluso de supuestas irregularidades en el Ayuntamiento. De hecho, la exconcejal de Cultura María José Alcón, que aceptó contestar a los fiscales, fue interrogada por los contratos de rehabilitación de las Torres, La Lonja o la Rambleta. También por algunos de la reformas de los puentes de Serranos y Trinidad.

Los investigadores dan por hecho el origen ilícito de ese dinero. Insisten en conocer quién manejaba las cuentas del Grupo Municipal y las aportaciones que realizaba cada uno de los ediles y asesores. Varios fueron cuestionados ayer por este particular y por si conocían la mecánica de financiación del Grupo. Una de las sospechas consistiría en que se justificaran determinadas aportaciones de candidatos, ediles y asesores o incluso devoluciones de esas cantidades a los colaboradores para introducir la bolsa de dinero negro en circulación sin levantar sospechas. Por ejemplo, existiría alguna documentación que recogería la devolución de dinero a un responsable que, en realidad, nunca se produjo.

Otra de las cuestiones es para qué se utilizó el dinero. ¿Financiar la última campaña de la exalcaldesa? Esa es una de las hipótesis que manejan los especialistas que están al frente de la investigación. De momento, sólo se centran en la campaña de 2015. No se descarta ampliar el foco de las pesquisas.

Existen abiertas otras posibilidades que estrechan todavía más el círculo sobre Barberá. No hay que olvidar un par de detalles. Por un lado, entre los detenidos se encuentra Mari Carmen García-Fuster, mano derecha de Barberá y que ejercía un control exhaustivo de la caja del partido. Era la que dominaba las entradas y salidas de dinero. Una persona muy particular cuyo testimonio de ayer se antoja vital. Y un dato que resulta más que revelador. El fiscal llegó a pedir prisión para ella. No lo hizo con el resto. Además, también aparece en el listado de arrestados el dueño de Engloba, la agencia de comunicación que trabajaba con el Partido Popular. Más indicios. Durante los interrogatorios a varios responsables del Ayuntamiento de Valencia se les preguntó de manera directa por la implicación de Barberá en las adjudicaciones de La Mostra o si intervino de alguna forma en determinadas adjudicaciones.

Demasiados interrogantes que amenazan su futuro judicial. Por el momento, no puede ser investigada de manera directa. Pero el avance de las pesquisas puede llevar a la acumulación de indicios para pedir al Tribunal Supremos que sea encausada. Exactamente de la misma condición de aforado goza el diputado nacional Gerardo Camps. En su caso por el supuesto amaño de adjudicaciones irregulares y el cobro de comisiones.

La existencia de intervenciones telefónicas -se desconoce el número de móviles controlados- ha despertado la lógica inquietud entre las decenas de personas bajo investigación por su presunta participación o colaboración en la trama. Las diez horas de grabaciones supusieron la caída de destacados dirigentes políticos. Estos pinchazos quizá han logrado apuntalar los indicios.