Empresarios y exempleados de la Diputación, en libertad con fianza

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' dejó ayer en libertad a cinco de los detenidos que habían pasado a disposición judicial. A Javier Luján, José Adolfo Vedri, Salvador Sansano, Carlos Turró y Salvador Deusa se les impuso una fianza como medida cautelar para garantizar el pago de las responsabilidades civiles a la que tendrían que hacer frente en el caso de ser condenados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Las fianzas fijadas no fueron precisadas por fuentes oficiales, si bien en algún caso alcanzó el millón de euros.

El primero en abandonar las dependencias judiciales fue Javier Lujan. Gesto desencajado, con paso rápido y por la parte de atrás de los juzgados. Un coche le estaba esperando. No dijo absolutamente nada. Luján, economista de 51 años y presidente del Grupo Luján, fue presidente de la Federación Valenciana de Contratistas de obra pública (Fecoval) entre 2007 y 2011.

Luján mantuvo el mismo silencio que los que posteriormente salieron de los juzgados. Algunos alegaron tener que respetar el secreto sumarial decretado por el responsable de la instrucción. Otros, directamente, jugaron al despiste con la prensa que esperaba a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

«No soy de este rollo»

«Yo no soy de este rollo, que yo no soy de este rollo, que os equivocáis», comentó mientras se reía, esquivaba a la prensa y pocos metros más adelante aceleraba el paso. Era Salvador Deusa, exjefe de evaluación y planificación de la Diputación de Valencia y que llegó hasta la institución provincial después de trabajar en Radio Televisión Valenciana. Desgraciadamente para Deusa, exmilitante de Izquierda Socialista y empleado en Imelsa, lo que ocurría ayer sí era su «rollo», ya que el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, lo señaló en una de sus declaraciones ante la Guardia Civil realizadas a finales del pasado mes de septiembre. Ayer, se decretó para Deusa una fianza de 200.000 euros para cubrir responsabilidad civil, según fuentes del TSJCV. También evitó realizar declaraciones. Salvador Sansano Pitarch, trabajador de Imelsa, que con una sonrisa nerviosa esquivaba a los periodistas mientras una serie de ciudadanos concentrados en la zona comenzaron a increpar a los extrabajadores y empresarios que iban saliendo de los juzgados. Varios de ellos con la cara tapada mediante bufandas, gorras y material de abrigo.

Policía acordona la zona

«Chorizos, corruptos», les increparon algunos de los curiosos, de tal manera que antes de que comenzasen a aparecer por las puertas de los juzgados las figuras más reconocibles de la trama, los políticos, la Policía rodeó los juzgados y vetó la entrada a aquellos que no demostraran un motivo justificado para acudir a dependencias judiciales. Alguno de los detenidos y posteriormente puesto en libertad salió murmurando, al ser interrogado por los periodistas por su situación procesal: «No tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza».

El único de los empresarios que sí se prestó a ofrecer su versión de la situación fue José Adolfo Vedri, presidente de Engloba, una de las más destacadas empresas de comunicación de la Comunitat, firma gestora del centro cultural La Rambleta.

Todos ellos continúan investigados (imputados) en la causa abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Las fianzas oscilan entre los 200.000 euros y el millón de euros, si bien uno de los empresarios fue puesto en libertad sin fianza, según fuentes del TSJCV.

«No puedo decir nada»

«No puedo decir nada porque está bajo secreto de sumario. Estoy en libertad», sin especificar si con fianza o sin ella. «Voy a ver a mi familia y enseguida me pondré a trabajar porque he estado 48 horas sin poder hacerlo», señaló Vedri con los ojos vidriosos. Su empresa ha sido una de las firmas de Comunicación que más ha trabajado con las adminstraciones públicas valenciana desde los tiempos de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat. Ahora, a consecuencia de la crisis y del descenso de la actividad, Engloba sólo ocupa dos de las plantas de su edificio en el centro histórico de Valencia. El resto lo ha alquilado. La firma de Luján trabajó igualmente con Imelsa, a la que también tiene alquilado un local en el barrio del Carmen de la ciudad de Valencia.

La empresa de Luján también ha mantenido una prolija relación con municipios y diputaciones valencianas. Entre las obras que se le han adjudicado se cuentan un gran número de tramos de carreteras, conducciones de abastecimietno y saneamiento de aguas, estaciones depuradoras y obras ferroviarias como playas de vías, cocheras y estaciones. Otro de los empresarios que salieron ayer de los juzgados tras pagar su fianza, y que registra una larga trayectoria de colaboración con el ámbito público, fue Carlos Turró, presidente de Cleop.