Así se defraudó con los campos de césped

Los contratos relacionados con el plan de césped artificial que puso en marcha la Diputación de Valencia entre 2008 y 2015 para los campos de fútbol municipales de la provincia eran, en lo formal, perfectos. Al menos en apariencia. Se reconoce desde el nuevo equipo de Gobierno y lo decía el propio Alfonso Rus, presidente de la Diputación en la anterior legislatura, cuando se le acusaba de irregularidades. «Los expedientes están en la Diputación a disposición de quien los quiera ver y están niquelados», aseguró el entonces presidente a este periódico el pasado 28 de abril, cuando el caso estaba en plena ebullición.

¿Pero si los contratos están formalmente perfectos, por qué la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil han centrado su labor investigadora dentro de Imelsa y la Diputación en el plan de campos de césped artificial?

La auditoría encargada a una empresa especializada este pasado mes de agosto por parte del actual presidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez, y que fue entregada al juzgado que está investigando la trama, así como a la Fiscalía Anticorrupción y a la UCO, desvela el modo de proceder.

Los contratos que salían a licitación ya contaban con un sobreprecio de antemano, como ya detectaron diversos ayuntamientos valencianos que optaron por convertir el campo de fútbol municipal, que era de tierra, en cancha de césped, pero la margen del proyecto de la Diputación de Valencia.

Esos contratos contaban con una advertencia que se hacía a las empresas interesadas en optar a realizar la actuación: no podían efectuar una baja del precio licitado superior a un 10%.

Una vez adjudicados e iniciados los trabajos de conversión del terreno de juego, como levantar el rectángulo, preparar los drenajes y colocar diferentes tipos de materiales como soporte, se realizaba un modificados de obra. Los modificados se realizan bien para mejorar un proyecto, bien porque surge una dificultad que hay que reflejar administrativamente. Esas modificaciones siempre conllevan -lo contrario sería una excepción- un incremento de la inversión para la administración pública.

Esos modificados de obras se solventaban con un incremento de precio de un 10%, aunque en realidad modificación había más bien poca. El proyecto que se desarrollaba era el mismo.

Los anteriores gestores de la Diputación pusieron en marcha y ejecutaron 64 proyecto de campos de césped, a una media de medio millón de euros cada uno. En total, 32 millones de euros gastados. El 10% de ese montante, que es el porcentaje que se considera que pasaría a integrar la mordida, asciende a 3,2 millones de euros. Eso no quiere decir, no obstante que la totalidad de ese dinero fuera a parar a manos de la trama.

El expresidente de la Diputación, cuando salió de la Ciudad de la Justicia en libertad con cargos y dos millones de euros de fianza, tras prestar declaración, tres días después de que hubiera sido detenido, se preguntó: «¿Cómo puede ser que Marcos sea al que han pillado y que la trama sea de Rus? No lo entiendo». Según las fuentes consultadas, la auditoría forense, encargada por el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez este pasado verano, podría poner luz a esta pregunta lanzada por su predecesor en el cargo. Dentro de la trama de Imelsa, unos, léase el que era gerente de la entidad, Marcos Benavent, y otros, parte de los detenidos el pasado martes, se lucrarían de diferentes fondos. Por un lado estaría Marcos Benavent y sus empresas pantalla y por otro, los sobrecostes de los planes de césped por los modificados de obra.

El resultado de la mencionada auditoría forense arrojaba que se habían adjudicado contratos amañados por valor de 100 millones de euros en Imelsa desde 2004 hasta 2015, que obviamente no eran todos de los campos de césped artificial, estos fueron prácticamente una tercera parte de la mencionada cantidad.

Esa investigación interna permitió, según fuentes de la Diputación, ampliar las pesquisas judiciales e incluso acelerar el proceso de esclarecimiento de los hechos.

Respecto a los campos de césped artificial, el Ayuntamiento de Paiporta -su anterior alcalde, Vicente Ibor, fue diputado provincial del PP en la anterior legislatura- ha anunciado que pondrá a disposición de la Fiscalía toda la documentación sobre la adquisición de bombillas led en 2010 y la concesión, el mismo año, de una subvención de 407.455 euros al club Paiporta CF para la colocación de césped artificial en su terreno de juego.

De momento, la investigación judicial se ha centrado en los planes de césped artificial, aunque también se ha recogido documentación sobre los planes led.

Pero en la Diputación, que ha estado a disposición de la Justicia desde que el nuevo equipo de gobierno entró el pasado mes de julio, están a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les requieran una nueva colaboración.

Pero esta vez el objetivo, o al menos eso es lo que esperan fuentes de la nueva corporación provincial, es el área provincial de carreteras. Un departamento que primero llevó Enrique Crespo como diputado y vicepresidente y, tras su dimisión por su implicación en el 'caso Emarsa' a principios de 2012, lo continuó gestionando Isidro Prieto