El PP blinda a Barberá en el Senado al adscribirla a la Diputación Permanente

Mariano Rajoy dijo que a partir de ahora no iba a «pasar ni una» en los casos de corrupción y el PP invitó a la exalcaldesa de Valencia dar un «paso atrás». Pero el mismo PP decidió ayer blindar a Rita Barberá de eventuales investigaciones al colocarla como miembro suplente de la Diputación Permanente del Senado. De esa forma seguirá aforada hasta nuevas elecciones, salvo que el Tribunal Supremo pidiera el suplicatorio, pero continuará fuera del alcance del juez que investiga el presunto blanqueo de dinero del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

La decisión llamó la atención hasta en las filas populares. «Ellos sabrán por qué lo han hecho», comentó sorprendido el expresidente del Congreso y ahora presidente de la Comisión de Exteriores en la Cámara baja, Jesús Posada.

La versión oficial que dieron en el PP es que Barberá no está acusada de nada ni investigada por un juez, por lo que no hay razones para tomar medidas contra ella. El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, responsable de la decisión, aseguró que la presencia de la exalcaldesa en la Diputación Permanente «no supone ningún tipo de protección especial». Era lo «conveniente y nada más», zanjó.

Lo cierto es que al mantener la condición de aforada, Barberá solo puede ser investigada y enjuiciada por el Tribunal Supremo. El equipo municipal de la exregidora está implicado en una presunta operación de blanqueo de dinero mediante aportaciones individuales de mil euros para la financiación de la campaña de las municipales del año pasado. Donaciones que luego eran devueltas en billetes de 500. Todos los concejales y asesores que han declarado ante el juez están investigados.

En la dirección nacional del PP reconocen que el caso es una bomba de relojería para el partido y el artefacto tarde o temprano estallará. Por eso presionan para que entregue su acta de senadora y defienda su inocencia en los tribunales. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, invitó este lunes a la exregidora a «dar un paso atrás» porque su situación es un lastre para las negociaciones de Mariano Rajoy ante la investidura.

Tampoco se anduvo por las ramas el expresidente de la Generalitat valenciana Alberto Fabra, que recomendó a Barberá, su enemiga confesa, «pensar qué es lo mejor para el partido y lo anteponga a sus intereses personales».

El grupo popular, en cambio, decidió apear a la que fuera alcaldesa durante 24 años de la presidencia de la Comisión Constitucional, cargo que ocupó en los últimos meses de la pasada legislatura, y en el que iba a repetir hasta estalló que la 'operación Taula'. Fue asignada como vocal en esa comisión y en la de Economía. Ambas se constituyeron ayer, pero no se dejó ver. Su siguiente cita en el Senado es hoy con la reunión del grupo parlamentario con Rajoy. En el PP ven improbable que asista.

Si entre los populares hubo sorpresa, en el resto de fuerzas, indignación. La secretaria de Programas del PSOE, Meritxell Batet, señaló que el blindaje supone «dar pasos en la dirección contraria» a la lucha contra la corrupción y que el PP tiene un problema con esa «lacra». Compromís acusó al PP de «amparar» a Barberá y «un insulto a su electorado y a las instituciones democráticas».