La policía investiga si Castellano usó dinero negro para pagar tres propiedades

La causa Avialsa, la investigación de una trama delictiva que logró un presunto trato de favor de los responsables políticos a cambio de dádivas, ha destruido la reputación del exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. Los investigadores siguen acumulando indicios de la supuesta actuación delictiva.

El patrimonio, o mejor dicho la fórmula para adquirirlo, se encuentra bajo sospecha. Los especialistas revisan exhaustivamente tres operaciones inmobiliarias en las que podría haber utilizado «ingresos de origen sospechoso» tras comprobar el importe de las adquisiciones y los recursos del matrimonio.

Castellano y su mujer compraron un apartamento en Dénia con garaje y trastero en la urbanización Playa Sur en 2005. En principio, la compra a un ciudadano británico se cierra en 200.000 euros. Los agentes no comprenden cómo el banco concede al matrimonio una hipoteca de 240.000. Ninguna entidad sufraga la compra por encima del precio de mercado. La Policía, según diferentes indicios, cree que el precio real rondaría los 357.000 euros. «Cabe considerar la utilización de fondos de procedencia desconocida». Además, poco se sabe de Roger Rook, del supuesto vendedor. Ni siquiera pagó en Hacienda el cinco por ciento del importe de la venta. Cinco años más tarde, la pareja solicita una ampliación de otros 50.000 euros.

Las operaciones inmobiliarias no se frenan con esta transacción. La mujer de Castellano y la de su amigo, el empresario José Miguel Pérez Taroncher, se hacen con una finca rústica en Lliria, conocida como el Corral del Canto, por 78.000 euros. Piden un crédito por importe de 42.000 euros -la suscribe Castellano- aunque el vendedor ya había recibido la cantidad.

Dos años más tarde, en 2008, se juntan de nuevo para quedarse con un campo de naranjos por 130.000 euros en el mismo término municipal. El pago se desgrana en 30.000 en efectivo, un cheque de 82.000 y otros 17.000 en efectivo. También las parejas intervienen en esta operación. Tras esta mecánica de las adquisiciones figura el claro interés de los dos investigados. La policía rastrea de dónde salieron las aportaciones en efectivo, aunque admiten que la mujer de Castellano había recibido un año antes 30.000 euros de sus padres.

Los especialistas de la Udef subrayan el vínculo no sólo personal sino laboral entre Castellano y Taroncher. Las mercantiles del empresario crecieron significativamente durante la etapa del responsable en las diferentes consellerias. Más de dos millones de euros se embolsó una de sus empresas sólo del ámbito de control de propio Castellano. Únicamente en un ejercicio (2006-2007) triplicó su cifra de negocio. Otra de sus mercantiles Construcciones DV-Cuatro, controlada por uno de sus hijos, también vivió de una especialmente intensa lluvia de contratos de la administración valenciana. En tres años hizo una caja de casi medio millón de euros.

Lo más sospechoso, no obstante, radica en la empresa Jopeta Patrimonios. Tal y como ayer informó este periódico, la mercantil se constituyó con una aportación de 900.000 euros que, al parecer, Taroncher hizo en efectivo. Sin trabajadores ni venta de mercancías, resulta extraño cómo consigue dos millones de euros que invierte en Luxemburgo, un país con secreto bancario y baja fiscalidad para los ahorradores extranjeros.

Una de las tesis que maneja la Udef es que el dinero de Taroncher procediera supuestamente del trato de favor ofrecido por el exresponsable gubernamental a lo largo de su extensa carrera con responsabilidades públicas. Juntos, los dos matrimonios habrían compartido parte de ese excedente en la inversión en tierras.

No es este el único indicio que consta en la causa que instruye un juzgado de Sagunto y cuyo secreto se ha levantado. El entramado de empresas de Avialsa, la encargada de la extinción de incendios, supuestamente agasajó a Castellano con el pago de cacerías. Sólo en estos menesteres, la Policía tiene contabilizados más de 160.000 euros, según los investigadores. Hay que recordar que, en ocasiones, el exconseller invitaba a varios amigos a estas jornadas cinegéticas patrocinadas por Vicente Huerta, máximo responsable del entramado empresarial. Incluso el propio Castellano llegó a solicitar dinero (5.000 euros) para costearse sus caprichos, según varios testigos.

Aparte de estas dádivas, el exdelegado del Gobierno recibió presuntamente otros obsequios. Al menos un rifle y se investiga si también una escopeta. No termina ahí el torrente de obsequios para supuestamendoblar la voluntad del cargo público. Al parecer, las empresas de Huerta pagaron unos 100.000 euros a Joyería Giménez. Buena parte de estos relojes y otras piezas de joyería terminaron en las manos de la familia que hace unos meses vio cómo la policía entraba en su domicilio.