Podemos quiere privar a Puig de los privilegios de los expresidentes

Privilegios de los expresidentes del Consell tales como contar con asistencia fuera de la Comunitat, la oficina y el personal de apoyo a sus actividades, la escolta o la condición de miembro del Consejo Consultivo de la Comunitat (CJC) se convirtieron durante meses en motivo de crítica por parte de Podemos, que criticó abiertamente tales disposiciones para los exdirigentes, especialmente los del PP. Sin embargo, todos ellos continuarán contando con esas prevendas a pesar de la proposición de ley impulsada por los podemistas en Les Corts, cuya normativa «no tiene carácter retroactivo». La iniciativa supone una modificación del estatuto de los expresidentes que se anunció como un punto y final para la situación vivida por los que encabezaron la Generalitat. Sin embargo, la letra del texto legal apunta hacia el futuro, es decir, hacia los próximos exjefes del Consell, de tal modo que el primero que deberá atenerse a los cambios en el estatus será el actual presidente, el socialista Ximo Puig.

La proposición de ley, que se presentó durante el pasado verano y que se aprobó en Les Corts el pasado mes de octubre, está actualmente en los plazos de alegaciones. Fuentes podemistas consideran que algunas de sus iniciativas (tanto esta referente a la modificación del estatuto de los expresidentes como la relacionada con su Agencia Antifraude) se han «atascado».

Las relaciones entre socialistas y podemistas no pasa por su mejor momento. En realidad, nunca ha sido idílica, pero se han recrudecido las tensiones después de que Podemos se abstuviese en una votación que propició la aprobación de una comisión de seguimiento, a iniciativa del PP, de los nombramientos realizados por el Consell, especialmente en el área de Sanidad, que dirige la socialista Montón.

Al día siguiente, y después de varios cruces de llamadas en las que se reclamaron mutuas explicaciones, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en sede parlamentaria que la Agencia Antifraude recibirá un empujón por parte del Ejecutivo para su puesta en marcha. La brecha entre PSPV y Podemos es complicada de cerrar. Las medidas de regeneración política que anuncian los podemistas son contempladas con creciente desconfianza por parte de la bancada socialista.

Afección mínima

En el caso de la modificación del estatuto de los expresidentes, los socialistas votaron en la Cámara valenciana a favor de su tramitación después de un duro debate en el que el síndic del PSPV, Manolo Mata, mostró serias reservas acerca de los cambios propuestos por Podemos, desde donde se aseguró que se trataba de una variación legal que afectaría retroactivamente a los que fueron presidentes de la Generalitat. Sin embargo, la afección para ellos será mínima, nada más allá que presentar una memoria de sus actividades con el fin de justificar los gastos.

La proposición señala claramente en su preámbulo que «la presente ley no tiene carácter retroactivo, si bien es cierto que tras su entrada en vigor el estatus de los expresidente será distinto al hasta ahora vigente».

Esa distinción afectará, en primer lugar, y por ahora único conocido, al socialista Ximo Puig. De hecho, la propuesta podemista del artículado se dirige a la derogación de varios artículos, los relacionados con las dotaciones de servicios que tendrán los expresidentes una vez entre en vigar la normativa, pero sólo a partir de entonces. El debate de la proposición anuncia, por tanto, un nuevo motivo de fricción entre las dos formaciones que firmaron el 'Pacto del Botánico' con el fin de sostener el actual Gobierno autonómico.

La afección para expresidentes como Francisco Camps o Alberto Fabra se limita a una disposición adicional única en la que se establece que «en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente norma, los expresidentes de la Generalitat que se hubiesen acogido a los derechos y prerrogativas deberán presentar a Les Corts una memoria de actividades y económica en justificación de la dotación presupuestaria asignada para la oficina de apoyo establecida». Es decir, que se contempla el derecho a contar con esos servicios asistenciales de los expresidentes populares, y se limita a reclamarles que justifiquen los gastos. Será, por tanto, Ximo Puig, el que inaugure la nueva situación para los expresidentes venideros, una circunstancia que, según fuentes del PSPV, contradice la anunciada intención de los podemistas de evitar los beneficios que reciben, y parece que recibirán, los actuales expresidentes.