La hipoteca judicial del PPCV

El PP valenciano encadena desde hace más de una década su particular via crucis judicial, acentuado ahora por una nueva y todavía más lesiva hornada de escándalos de corrupción que afecta de lleno a sus siglas. La concatenación de casos implica a destacados dirigentes de la primera línea política y amenaza con lastrar cualquier atisbo de iniciativa política en la actualidad. Y es que la hipoteca judicial que rodea a los populares valencianos no sólo penalizará al partido durante toda la legislatura, sino que los tiempos de los juzgados superan a los políticos, por lo que las largas instrucciones y macrojuicios tienen visos de acabar sumiendo al partido en un profundo letargo.

Todavía con la imagen reciente del exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, y del expresidente del PP de Castellón Carlos Fabra entrando en prisión por los casos Cooperación y Fabra, los populares vieron cómo dos exconselleras de Turismo se sentaban en el banquillo de los acusados por una de las piezas del caso Gürtel. Casi sin recuperarse del golpe mediático, la Audiencia Nacional abrió juicio oral a otros tres exconsellers de la etapa de Francisco Camps, y dejó a falta de unos flecos la apertura de juicio oral en otras tantas piezas que atañen a la organización en Valencia. A la vez, en la Audiencia de Palma, apenas a unos asientos de distancia de la Infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarin, ocupan banquillo otros cuatro ex altos cargos de la Generalitat y todo un exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Rita Barberá, Alfonso Grau.

Y por si todo esto no pesara suficiente para el PP valenciano, el inicio de este año 2016 ha supuesto una verdadera revolución policial, con más de una veintena de detenidos por el caso Imelsa, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, su jefe de gabinete, Marcos Benavent, y dos de sus exvicepresidentes, Máximo Caturla y Juanjo Medina. Además, como efecto colateral de la operación Taula, más de 50 concejales, exconcejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia imputados. Con semejante escenario, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se apresuró a pedir una refundación del partido, un congreso extraordinario y hasta un cambio de nombre para la organización, consciente de que las siglas pesan ahora como una losa.

Pero, sin un solo día de tregua, los tribunales siguen haciendo su trabajo al margen de la política. Y sin haber finiquitado las declaraciones de los ediles y asesores, un juzgado de Sagunto ha levantado el secreto de sumario de otra de las investigaciones que afectan de lleno al esqueleto orgánico del partido: el caso Avialsa, con el exconseller, exsecretario general del PPCV y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, como investigado.

Mientras, en la recámara aguardan a la espera de juicio oral macrocausas como Emarsa, Gürtel o Brugal en las que los banquillos tendrán como acusados al exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo; previsiblemente a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, o actualmente están siendo investigados varios exmiembros de la cúpula regional del PPCV y del Consell con Camps. Y sin acabar de rematar un caso, siguen surgiendo otros nuevos. Consuelo Císcar, exdirectora del IVAM y mujer de Rafael Blasco, es una de las últimas en unirse al club de imputados por su gestión en el museo. El caso Acuamed, de amaños en contratos de infraestructuras hídricas, acabó con la detención del delegado de la empresa pública en Valencia, Pablo Martín. El juez acabó decretando prisión para todos los detenidos en la operación a nivel nacional. Y así, un día tras otro.

En estas circunstancias, los casos de corrupción llevan camino de sitiar todo intento de oposición del PP valenciano desde cualquier institución. Y en estas circunstancias, ¿cuál es el horizonte que se presenta para el partido en la legislatura con los casos recién surgidos?

Caso Valmor

En febrero de 2015, una denuncia de EU y PSPV a la Fiscalía Anticorrupción acabó provocando una investigación que derivó en una nueva causa. En ella prestan declaración estos días los expresidentes de la Generalitat José Luis Olivas y Francisco Camps, la entonces consellera Lola Johnson o el empresario y expiloto Jorge Martínez Aspar y el empresario Fernando Roig. Se investiga si la compra de la empresa Valmor, organizadora de la Fórmula 1 en Valencia, por parte de la Generalitat pudo suponer un presunto delito de prevaricación y malversación.

Caso Avialsa

En mayo del año pasado la policía detuvo a primera hora de la mañana al entonces delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, y en su día secretario general del PPCV con Alberto Fabra. Anticorrupción investigaba la vinculación de Castellano con Avialsa, la empresa encargada de la extinción de los incendios en la Comunitat y si recibió regalos por favorecer a Vicente Huerta, presidente de esta mercantil. Los contratos para la extinción de incendios reportaron a la empresa cerca de 33 millones de euros. El caso arrancó en Madrid tras la denuncia interpuesta por el exgerente en la que se alertaba de irregularidades en la contratación de servicios. La semana pasada se levantó el secreto de sumario en esta causa y se desveló que el juez encontraba "indicios de criminalidad" en la actuación del también exconseller.

Operación Taula

Una denuncia de la diputada de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez, desencadenó la operación, pero las horas de grabaciones que uno de los cabecillas de la trama, ahora arrepentido, Marcos Benavent, llevó a los investigadores hizo explotar el caso ahora denominado Taula. La última semana de enero Anticorrupción lanzó una macrorredada que acabó con más de una veintena de detenidos, entre empresarios y cargos del PP de la provincia. La Diputación de Valencia había sido hasta la fecha el único organismo libre del virus de la malversación. Alfonso Rus estaba entre los detenidos. El expresidente de la Diputación y exalcalde Xàtiva aparece en las investigaciones como uno de los cabecillas de la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicar contratos. En el mismo nivel de la pirámide delictiva se situaría Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación y exvicepresidente provincial.

Marcos Benavent ya había anunciado que tiraría de la manta. Y las más de 100 horas de declaración del autodeclarado como «yonqui del dinero» acabaron por destapar la mayor trama de corrupción de la Comunitat.

Entre los arrestados, también personas del círculo de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá como la exconcejala María José Alcón o la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster. A partir de esas dos detenciones relacionadas con el Consistorio, un juez investiga ahora el blanqueo de 50.000 euros procedentes de comisiones por adjudicaciones irregulares a través del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. La tesis que manejan los investigadores es que entorno a 50 concejales, asesores y miembros del partido aportaron estas cantidades de 1.000 euros como donaciones y posteriormente les eran reintegradas con dinero negro procedente de las presuntas comisiones que cobraban a las empresas adjudicatarias beneficiadas por el amaño de contratos públicos. De hecho, todos los actuales concejales menos uno y los exediles y asesores siguen declarando ante el juez pero mantienen a su salida la condición de imputados.

Sin embargo, las pesquisas han acabado abriendo una venganza política entre concejales y exconcejales, con el exvicealcalde de Valencia y marido de María José Alcón, aireando su mala relación actual con Barberá. Nadie se atreve a señalar a la exalcaldesa, pero en el partido tampoco se escuchan ya voces en su defensa después de la situación en la que ha quedado el que fuera su grupo municipal. Una situación que ha llevado incluso a la actual presidenta regional, Isabel Bonig, en una complicada situación política.

El remate ha llegado esta misma semana, con el procesamiento del que fuera su concejal de Urbanismo y su sucesor en La Vall D'Uixò, Óscar Clavell, actualmente diputado nacional por Castellón. La contundencia de Bonig con la operación Taula ha desaparecido con este caso.