Anticorrupción pide 16 años de cárcel al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Alicante y del PP de esta provincia José Joaquín Ripoll en el marco del 'caso Brugal'.

El Ministerio Público le acusa de seis delitos: cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Anticorrupción pide en su escrito de acusación provisional abrir igualmente juicio contra otros doce acusados por su implicación en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la comarca de la Vega Baja.

Entre estos sospechosos destacan los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, así como técnicos, empresarios, la exalcaldesa de Orihuela (PP) Mónica Lorente y el ex portavoz socialista en la Diputación Antonio Amorós.

La investigación del 'caso Brugal' se inició en 2006 después de que Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela que ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

El sumario se desgajó en los años posteriores en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la citada contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.

Ripoll y los principales implicados en la rama del Plan Zonal fueron detenidos en una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y dirigida por Anticorrupción y un juez de Orihuela en julio de 2010.

Esa operación incluyó un llamativo registro en la sede de la Diputación alicantina, así como en el domicilio particular del propio Ripoll, en el ayuntamiento de Orihuela y en numerosas empresas involucradas en el presunto amaño.

La Fiscalía ha solicitado inicialmente para los empresarios Ortiz y Fenoll, que se disputaban el contrato para tratar las basuras de la Vega Baja, sendas penas de 17 años de prisión, mientras que reclama para Amorós y Lorente 4 años y 9 meses de cárcel, en ambos casos.

El Consorcio de Residuos de la Zona XVII, un órgano de la Diputación que debía dictaminar sobre la mejor oferta, se decantó por la presentada por Ortiz, en unión temporal de empresas (UTE) con Cespa, frente a la de Fenoll, que acudió al concurso con su firma Proambiente junto a Sufi-Cyes.

Sin embargo, según la Fiscalía, Ripoll maniobró a finales de 2007 y principios de 2008 y obligó a Ortiz a que comprara a su contrincante una finca ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo en la que iría ubicado el vertedero comarcal.

Enrique Ortiz accedió a participar "en esta torticera operación sabedor de que, no solo ningún perjuicio patrimonial le depararía, sino que, además, obtendrían importantes beneficios económicos", añade en su escrito el fiscal del caso.

De hecho, "gracias a la adjudicación, cobraría durante veinte años los servicios de tratamiento y eliminación de residuos de los veintisiete municipios consorciados", prosigue, y los sobrecostes que le acarrearía la compra de la finca a Fenoll los repercutiría en los cánones que debían pagar los propios ayuntamientos.

La acusación pública sostiene que Ripoll y la alcaldesa de Orihuela en esa época, Mónica Lorente (PP), que también era diputada provincial, auspiciaron el cambio de ubicación del vertedero a los terrenos de Fenoll.

No obstante, los dos empresarios comenzaron a partir de entonces, y durante todo 2009, una negociación repleta de presiones y amenazas en la que intermediaron o participaron de algún modo, además de Ripoll, otros empresarios como Rafael Gregory, José Candel, el hijo de Fenoll o Manuel Garriga.

Anticorrupción asegura que Ripoll incurrió en un delito continuado de cohecho al encargar a Fenoll que sanease una televisión local afín, Canal 37, para mantenerla como "instrumento político en contraprestación a los favores" que le había hecho.

Además, el empresario oriolano ofreció al dirigente del PP provincial dos viviendas ubicadas en la avenida Benito Pérez Galdós de Alicante y valoradas en total en un millón de euros, y aunque Ripoll lo aceptó, los pisos no llegaron a entregarse "dada la falta de acuerdo sobre la compra de la finca".

Paralelamente, el político se fue acercando de forma progresiva a Ortiz y comenzó a defender los intereses de éste en un clima "favorecido por los regalos en viajes" que el empresario había hecho al político, en alusión a varias vacaciones en uno de sus yates.

Anticorrupción señala en su escrito que todas las supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1.157.305 euros, sin que hasta la fecha se haya podido aprobar un "sistema integrado para la gestión unificada del tratamiento y eliminación de residuos" en esta comarca.