El juez reclama información de las cuentas de cuatro investigados en el caso Imelsa

El juez que investiga el supuesto delito de blanqueo en el seno del PP de la ciudad de Valencia ha levantado la imputación a Rubén Calvo, marido de una de las exasesoras del Ayuntamiento de Valencia. Además, el juez instructor ha reclamado información sobre las cuentas bancarias de cuatro de los investigados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en un comunicado de prensa. Se trata del edil Alberto José Mendoza, los exconcejales Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent y la asesora Mercedes Devesa.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se ha sobreseído la causa contra este procesado, marido de una exasesora del concejal Cristóbal Grau.

El supuesto delito de blanqueo de unos 50.000 euros por parte de 48 personas vinculadas al grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia se investiga como pieza separada dentro del caso Imelsa, que tiene su origen en el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos.

El magistrado, de conformidad con el criterio del fiscal, ha estimado la petición del investigado y concluye que "resultando insuficientes, a la vista de lo actuado, los indicios de participación en los hechos debe acordarse el sobreseimiento provisional y parcial de las presentes actuaciones" respecto de este imputado, marido de una asesora también investigada.

El marido de la asesora había sido imputado, según algunas fuentes, porque una de las transferencias de 1.000 euros a la cuenta del partido se realizó desde una cuenta en la que figura como cotitular, junto a su esposa, que fue asesora del concejal Cristóbal Grau.

En la investigación se trata de determinar si quienes realizaron esas transferencias (concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP) recibieron posteriormente los 1.000 euros en efectivo, lo cual supondría un delito de blanqueo de capitales.

En la pieza separada sobre blanqueo constan como investigadas 47 personas, más el PP como persona jurídica. El juez instructor ha acordado además recabar información sobre las cuentas bancarias en las que aparezcan como titulares o autorizados otros cuatro investigados: un concejal, dos exediles y una asesora.

También ha solicitado a una entidad financiera información sobre la cuenta bancaria de la mujer de otro de los asesores investigados, a quien además cita para que declare como testigo el próximo 15 de abril.

Con respecto a la secretaria del grupo municipal, imputada en la pieza principal del caso Imelsa y en la pieza en la que se investiga sólo el blanqueo de capitales, María Carmen García-Fuster, el titular de Instrucción 18 ordena que le sea devuelta parte de la documentación intervenida en el registro de su vivienda "por carecer de todo interés para la causa".

En total, el caso Imelsa hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una presunta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones.

Los investigados se habrían servido de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.