El Ayuntamiento suspende de empleo y sueldo a 7 asesores del PP

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender de empleo y sueldo a siete asesores del PP y abrir expediente disciplinario a tres funcionarios del grupo popular después de confirmar que siguen investigados por un supuesto caso de blanqueo.

Así lo acordado hoy la junta de gobierno local (Compromís-PSOE-València en Comú), según ha informado en rueda de prensa el segundo teniente de alcalde de Valencia, Jordi Peris, quien ha asegurado que la decisión se ha tomado una vez conocida "la información oficial" de que siguen investigados.

Según Peris, esta decisión sigue "la línea planteada hasta ahora de hacer un trabajo con la máxima contundencia contra la corrupción en esta casa y de máxima prudencia".

"Hemos querido esperar a tener la información oficial de quiénes son los investigados en este caso para tomar las medidas que ya habíamos anunciado", ha añadido Peris.

A los asesores también se les ha abierto un expediente disciplinario, como a los funcionarios, y se les suspende "cautelarmente de empleo y suelo por entender que la continuidad en su puesto de asesor no es pertinente", según Peris.

Fuentes municipales han explicado a EFE que la personación del Ayuntamiento como acusación popular en el proceso ha permitido acceder a la información de la causa y conocer la situación procesal de los funcionarios y asesores.

Además, han indicado que las medidas son cautelares y "dependerán de la sentencia final" y han aclarado que una vez se les notifique la decisión, los asesores "no podrán acceder al centro de trabajo" y pasarán a cobrar "el sueldo mínimo más trienios".

Actitud "dictatorial"

Por su parte, el grupo municipal popular de Valencia cree que la decisión de suspender de empleo y sueldo a sus asesores "es dictatorial y sólo persigue acallar a una oposición que le resulta molesta" al alcalde Joan Ribó y a su equipo de gobierno y ha apuntado que podría "vulnerar derechos fundamentales".

En un comunicado, el PP ha asegurado además que la apertura del expediente disciplinario se realiza sin tener en cuenta la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y los tiempos del proceso judicial de las personas afectadas y ha reprochado a la junta que actúa como si fueran "auténticos inquisidores".

El portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, ha valorado esta medida como "injusta, arbitraria, cobarde y totalitaria," ya que según ha señalado "su único objetivo es reducir el trabajo de la oposición para que el señor Ribó pueda campar a sus anchas".

Según ha señalado, Ribó ha eludido de presidir la junta de gobierno para evitar posibles responsabilidades ante las acciones judiciales que puedan emprender los asesores.

"No sabemos si la ausencia del señor Ribó es debida a que tiene miedo de que su decisión no se ajuste a derecho y pueda tener consecuencias jurídicas", ha apuntado Monzó, que ve "absolutamente intolerable" la ausencia del alcalde, al que ha acusado de "cobardía política".

A su juicio, el trabajo del grupo popular en los últimos nueve meses "le ha puesto muy nervioso, y por ello hoy ha dado un paso más para intentar quedarse sólo en el Ayuntamiento y que nadie le cuestione su gestión"

Monzó ha señalado que los asesores "desempeñan un papel fundamental para fiscalizar" la gestión del gobierno tripartito y ha agregado que "son personas cualificadas, con experiencia", que realizan "un trabajo intenso para poner en evidencia la parálisis y la mala gestión del alcalde Ribó".

En su opinión, los componentes de la junta de gobierno han podido hoy vulnerar el derecho a la presunción de inocencia "con la arbitrariedad de su medida", aunque, ha afirmado que "por mucho que utilicen las malas artes, el revanchismo y la animosidad" no acallarán "la voz democrática de unos representantes políticos elegidos por la mayoría de los valencianos".

En el comunicado han recordado que el juez que instruye el caso que afecta al grupo popular rechazó la personación del Ayuntamiento como acusación particular porque no apreciaba perjuicio económico estimable.

"Un expediente disciplinario se abre a un funcionario o trabajador eventual del Ayuntamiento cuando hay un perjuicio para la Administración como consecuencia de su labor", según Monzó, que ve claro que "al Ayuntamiento no cabe considerarlo perjudicado, de ahí la arbitrariedad e injusticia de la suspensión".