Navarro evitaba aplicarse la mano dura que propone en su ley para altos cargos

La diputada autonómica de Compromís Isaura Navarro, se encontraba en trámite de opositar a letrada de Les Corts a través de un concurso cuyo tribunal deben integrarlo sus compañeros diputados y el personal de la Cámara donde trabaja a diario. Navarro presentó el pasado mes de septiembre una proposición de ley que pretende «regular las incompatibilidades de las personas que ocupen cargos de responsabilidad política en el ámbito de lo público». El espíritu de esa normativa, evitar las «puertas giratorias», hace gala de una pureza ética, de una intransigente mano dura que contrastaba con la intención declarada por parte de la propia Navarro de ser letrada de Les Corts. Ese doble rasero sorprendió incluso al entorno de Mónica Oltra, que rechazaba el deseo de la parlamentaria (que durante la anterior legislatura trabajó de asesora de la actual vicepresidenta) de aspirar a ser una funcionaria de élite sin dejar el escaño, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS.

Navarro es la ponente de una ley «de compatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos» que, por su condición de electa, no le afecta. La normativa se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, la firma Navarro, que en la exposición de motivos subraya la necesidad de un rearme ético de la política. «Las actividades compatibles con el cargo y la ética pública no pueden quedar a la libre decisión del concepto moral de la persona con cargo público», señala Navarro. También considera «necesario ofrecer una respuesta legislativa a cómo se desarrolla el ejercicio ético del cargo público». Y así evitar «intereses espurios». La actividad parlamentaria de la diputada de Compromís contrastaba con sus pretensiones: lo que exige (a través de su ley) a los miembros del Consell y el resto de altos cargos públicos lo evitaba para sí misma por ser electa, un evidente quebranto de la primera regla de oro ética de los textos clásicos: 'Trata a los demás como querrías que te trataran a ti'. Navarro pretende que sea incompatible para los cargos públicos que durante los tres años después de su cese (en principio exigió cinco años, pero se ha autoenmendado) integrarse en empresas relacionadas con su anterior puesto en la Administración. Ella misma, sin embargo, hubiera pasado de diputada en Les Corts a letrada en Les Corts de un día para otro. Considera, además, en su ley que hay causa de incompatibilidad si un alto cargo forma parte de algún departamento «que interviniera o participara en algún acuerdo o resolución con relación» a entidades que después pudiesen 'ficharles'. Igualmente, insta a que los altos cargos «deben inhibirse del conocimiento de asuntos en que hayan intervenido con anterioridad o interesen a empresas o sociedades en los que hayan mantenido algún tipo de relación». Navarro, sin embargo, ejercía de diputada mientras preparaba unas oposiciones para formar parte del cuerpo funcionarial de la institución, Les Corts, donde ya trabaja. La diputada integra la Comisión del Reglamento, constituida para revisar las normas que rigen la actividad de Les Corts, un reglamento en el que se incluyen artículos como el 109, donde se determinan las funciones del letrado mayor, precisamente uno de los miembros del jurado que debe juzgar las pruebas y méritos de Navarro para ser, casualmente, letrada.

La intención de la diputada de Compromís de opositar había convulsionado la Cámara. Socialistas, populares y podemistas cuestionaron la ética de un concurso en el que el tribunal, según las bases, deben formarlo diputados, letrados y trabajadores de Les Corts, todos ellos compañeros, amigos o rivales políticos de Navarro. Por todo ello, fuentes de Les Corts confirmaron a LAS PROVINCIAS que el presidente de Les Corts, Enric Morera, planteará el miércoles, durante la próximas Mesa de la Cámara que se modifiquen las bases de las futuras oposiciones. El político de Compromís, que precisamente por compartir militancia con Navarro ya ha avisado de que no participaría en el tribunal, pretende evitar que los concursos de puestos para trabajar en la Cámara dejen de contar con tribunales integrados por miembros del propio parlamento. «El actual modelo es muy endogámico», señalan fuentes del entorno de Morera, que pretende que los tribunales los compongan profesionales prestigiosos, pero ajenos a Les Corts, procedentes del mundo universitario, o de otros parlamentos autonómicos.