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A. RALLO
Domingo, 17 de abril 2016, 21:08
Alfonso Grau y sus dos abogados se reunieron con la Fiscalía Anticorrupción durante aproximadamente dos horas hace unas semanas. Se trata de un encuentro que carece de cualquier valor judicial. Este tipo de citas no suelen ser habituales, pero tampoco son excepcionales. Existen precedentes con otros protagonistas en asuntos de similar naturaleza.
No obstante, la celebración de este tipo de reuniones sí sirve para medir el caudal de información que posee el supuesto colaborador, las verdaderas intenciones de ayudar y también los puntos sobre los que quizá el ministerio público alberga dudas o requiere de aclaraciones. En este sentido, el fiscal encargado de investigar el blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia sigue tratando de recabar indicios que apuntales más el papel de Rita Barberá en la presunta trama. Es cierto que el ministerio público ya aprecia indicios de criminalidad en la actuación de Barberá y por eso pidió al juzgado de Instrucción 18 que elevara la causa al Tribunal Supremo, único órgano habilitado para investigar a la senadora. Pero, de igual modo, existen ciertas partes del caso donde no existiría la misma fortaleza probatoria. Es ahí donde el papel del exvicealcalde, quien entró al Ayuntamiento en 1995 y durante la última década fue mano derecha de la ex primera edil, podría resultar determinante.
El exvicealcalde fue preguntado acerca de la relación de Barberá con el Grupo Municipal del PP. Más allá de la amistad que mantenía y mantiene la exalcaldesa con la secretaria del Grupo Municipal del Partido Popular, María Carmen García-Fuster, Anticorrupción quería conocer en profundidad quién daba las órdenes en la formación, si existía algún protocolo de comunicación con la entonces alcaldesa, si Barberá era informada de las acciones del grupo...
Determinado tipo de respuestas a los interrogantes anteriores, plasmados en una declaración judicial, permitirían a la acusación establecer un nexo entre la supuesta cajera del PP y la exedil más allá de las afirmaciones de testigo del tipo «tenía que saberlo». Grau todavía no ha sido citado en el juzgado para ratificar la declaración como testigo que prestó ante la Guardia Civil.
Barberá ya le explicó en su escrito al juez que las decisiones correspondían al comité de campaña, un órgano en el que no figuraba. Su misión era buscar votos para el PP, más allá de las iniciativas concretas que impulsaba la formación.
La declaración el pasado viernes de García-Fuster también exculpó a la senadora, aunque no supo concretar de quién partió la idea de las donaciones voluntarias de 1.000 euros. Descartó que tras el misterioso recaudador para las campañas del PP -hecho desconocido hasta la fecha- se encontrara Barberá. Evitó decir el nombre de este 'conseguidor', que supuestamente recogía dinero de militantes y simpatizantes de la formación que no querían aparecer como donantes. La Ley prohíbe desde 2007 las colaboraciones anónimas con partidos políticos. La fiscalía cree que era dinero procedente de comisiones.
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