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efe
Jueves, 14 de abril 2016, 13:51
La defensa de la exresponsable de Ferias de la Conselleria de Turismo de Valencia Ana María Grau ha reclamado para ella una sentencia absolutoria basándose en que inicialmente declaró en condición de testigo y en que la documentación que aportó fue utilizada para su posterior imputación.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acogido hoy la sexagésimo cuarta sesión del juicio por los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel para el expositor de Fitur, una de las piezas separadas de la rama valenciana de este caso.
El letrado de Grau, la cual se enfrenta a una petición de pena de siete años de prisión, ha indicado que si el juez instructor presumió el papel protagonista de aquélla en la supuesta comisión de delitos debió haberle dado el estatus de imputada (ahora investigada) para que recibiese asesoramiento.
Asimismo, ha entendido que "del escrito de acusación de la fiscal no se sabe exactamente qué hizo Grau para cometer prevaricación, porque en la descripción del delito apenas se la menciona, más allá de decir que tenía conocimiento o asumió ciertos hechos".
"Esto impide que la defensa se pueda centrar en los hechos y nos obliga o bien a entrar en todos o a hacer unas consideraciones generales, y eso no ha mejorado con la reciente modificación de las conclusiones (para añadir el delito de asociación ilícita a todo el personal de las empresas de Francisco Correa)", ha agregado.
A juicio de este letrado, "habrá cosas mejor o peor hechas -en la tramitación administrativa de los contratos con Orange Market- pero de la visión de la prueba no se desprende delito alguno".
En esta línea, ha atribuido a la "fuerte componente política del caso" y al hecho de que "sea el primero de una larga serie" la observación de "actitudes delictivas que en otras circunstancias no se hubiesen señalado".
"Mi defendida no ha hecho ni más ni menos que sus obligaciones derivadas de su puesto de trabajo, cumpliendo indicaciones de sus superiores, que eran todos, no solo los procesados sino muchos otros. Grau no pudo ir al despacho de sus jefes a indicarles cómo debían hacer las cosas, sino que ejecutó órdenes", ha agregado.
En opinión del abogado de Ana Grau, "cualquier arbitrariedad hubiese sido detectada por los miembros de la mes de contratación, que estaba integrada por profesionales con mucha experiencia, y no fue así".
Por ello, ha concluido, "no se sostiene que hubiese un complot para hacerse con los concursos de la Conselleria de Turismo, sino que Orange Market era una empresa dedicada a los eventos que actuaba con normalidad y de forma lícita".
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