Ocho meses de cárcel para el ex número dos de Carlos Fabra por la depuradora

castellón. Ocho meses de cárcel por un delito de negociación prohibida a funcionario público y 12.600 euros de multa. Esta es la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Castellón al exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, tras el juicio celebrado en febrero durante seis sesiones para esclarecer las presuntas irregularidades en la expropiación de unos terrenos en Borriol propiedad de su familia en los que se iba a construir una depuradora. El fiscal solicitaba para Martínez cuatro años de prisión al incluir en el listado los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude ilegal, de los que ha sido absuelto al no quedar probados.

El Tribunal, que inhabilita además durante dos años para empleo o cargo público al que fuera mano derecha del expresidente provincial, Carlos Fabra, absuelve a los dos hijos de Martínez, Andrea y Francisco, administradores de la empresa Franvaltur, de la que el exlíder popular es socio y que adquirió la parcela incluida en el proyecto de la depuradora. También exculpa por falta de pruebas al exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, y a los otros dos acusados en la causa, a quienes el fiscal consideraba responsables de los mismos delitos que Martínez. La sentencia, comunicada ayer a las partes y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, considera probado que una de las fincas donde se proyectaba la EDAR de Borriol fue adquirida por la hija de Francisco Martínez en mayo de 2008 y aportada a Franvaltur. También señala que éste y Santamaría intervinieron en el ámbito de sus competencias en los procedimientos administrativos relativos a la depuradora pero "sin constancia de irregularidades relevantes ni decisivas" para los intereses del Ayuntamiento de Borriol ni de los dueños de los terrenos. Tampoco queda acreditado que ambos se concertaran con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito con la venta de la parcela.

El escándalo y las acusaciones de corrupción ligadas al caso le costaron el cargo a Martínez, que fue apartado por Javier Moliner de la vicepresidencia provincial a principios de 2014. En septiembre renunció a su acta de diputado. Sin apenas tiempo para digerir la sentencia, Martínez se sentará de nuevo ante la justicia el próximo 9 de mayo, cuando está llamado a declarar por presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales relacionados con las actividades urbanísticas de sus empresas familiares.