El Poder Judicial exige al Gobierno que desbloquee la investigación del IVAM

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado amparo al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Císcar, a cuatro exsubdirectores y a un empresario. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el CGPJ ha urgido al Ministerio de Cultura "a que elabore el informe requerido por la magistrada hace cinco meses y del que depende el avance de la causa en la que se investigan delitos de malversación, prevaricación y falsedad".

La Comisión Permanente del CGPJ acordó recientemente dirigirse al Ministerio de Cultura para que se remuevan los obstáculos que impiden el cumplimiento del mandato judicial efectuado por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, consistente en efectuar un informe sobre la valoración de trece obras adquiridas por el Instituto Valenciano de Arte Moderno, tal y como añade el comunicado del TSJCV.

El pasado mes de noviembre la instructora requirió el auxilio del director general de Bellas Artes, al que remitió el informe elaborado por el conservador responsable de la colección del IVAM y le solicitó una valoración de 13 obras de arte al concurrir fundadas sospechas de que existe un elevado sobrecoste en la adquisición de las mismas que pudiera constituir un ilícito penal. La magistrada volvió a reclamar con carácter urgente dicho informe pericial en enero y en marzo, sin que ninguna de sus peticiones fuera atendida.

El pronunciamiento del CGPJ instando al Ministerio de Cultura a colaborar con la jueza se produce después de que ésta pusiera en conocimiento de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) las trabas que estaba encontrando para proseguir con la investigación, prácticamente paralizada a la espera de ese informe.

Pendientes de tres informes

En su escrito a la UACC, la magistrada ponía en conocimiento del CGPJ la precariedad de medios con los que trabajan ella y la letrada de la administración de Justicia: no tienen despacho; están ubicadas en una sala en lamentables condiciones, apuntan desde el TSJCV, pequeña, sin enchufes, sin ventilación, sin aclimatación y sin apenas mobiliario donde colocar los más de 30 tomos que ya acumula esta causa en el estadio inicial de la tramitación.

El CGPJ también ampara esta petición e insta a la Conselleria de Justicia a atender las demandas del Juzgado, entre cuyas peticiones se incluye también un programa informático de transcripción de declaraciones documentadas digitalmente mediante la grabación de la imagen y el sonido.

La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía se dirige contra Císcar y contra otras cinco personas, que tienen la condición de investigadas, término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La instructora considera que de las diligencias practicadas hasta el momento "resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones".

La magistrada cree que se habrían pagado "importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor" y que esta práctica redundaba en "un claro lucro para terceros". Según la jueza, estos hechos "habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo".

En la causa están investigados (imputados) además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas. Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.

Las seis personas contra las que se dirige la causa tendrán que declarar como investigados (imputados). Su declaración no tiene aún fecha, a la espera de que la jueza reciba los informes de la UDEF y de la pericial reclamada al Ministerio de Cultura, de la que, a su vez, depende el informe que ha de completar la Intervención General.

La UACC es una unidad de carácter técnico constituida en el seno del CGPJ en marzo de 2015 con la finalidad de detectar y evaluar los problemas que surjan en los órganos judiciales que lleven causas por corrupción y formular a la Comisión Permanente las propuestas necesarias para la adecuada y diligente tramitación y resolución de las mismas.