El juez investiga ahora al denunciante que permitió destapar el caso Avialsa

El caso Avialsa nace del enfrentamiento del empresario y dueño de la mercantil, Vicente Huerta, y su mano derecha en la empresa, el gerente Francisco Alandí. La colaboración de este con la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción permitió desmantelar una trama delictiva con numerosos frentes. El que fuera conseller de Gobernación y delegado del Gobierno, Serafín Castellano, apareció directamente implicado. El dirigente popular está investigado por aceptar regalos a cambio de beneficiar a la empresa encargada de la extinción de incendios en un contrato de cerca de 30 millones de euros. El exconseller siempre ha defendido su inocencia y se ha presentado como víctima de las disputas entre Huerta y Alandí.

Desde el primer momento, y se han presentado denuncias al respecto, se sospechó que el entonces gerente utilizó su posición privilegiada para recopilar información confidencial que luego aportó a los investigadores de la Policía Nacional. Avialsa ya lo denunció por estafa al pagar las obras en su vivienda, gastos en viajes y otro tipo de facturación indebida a través de una mercantil la empresa matriz. También se le hacía responsable de un delito de apropiación indebida. Su objetivo era sentarle en el banquillo.

Sin embargo, el exgerente de la mercantil ha recibido estos días otra citación. Esta ya no está vinculada a una cuestión empresarial sino a una de las investigaciones en las que se dividió la causa, convertida ya en otro gran sumario de corrupción con cuatro piezas separadas.

En un auto fechado la pasada semana, el exgerente ha sido citado a declarar por su presunta implicación en un delito de cohecho y blanqueo de capitales. Comparecerá el próximo 7 de junio. Se trata de uno de los primeros pasos que se emprenden en la investigación de la supuesta trama urbanística en la que participan dos líderes del PP de Quartell. Se trata del exalcalde Francisco Huguet y el ex teniente alcalde Emilio Máñez. El juzgado investiga las irregularidades localizadas en la tramitación del PAI de Alfara de la Baronia y Quartell. Además de esta citación, el auto acuerda otras ocho declaraciones de investigados, entre las que se encuentran los exresponsables municipales.

El instructor solicita diferente información al citado consistorio. Aparte de los cargos de los dos investigados y el tiempo durante el que lo desempeñaron, pide averiguar si se han ejecutado los proyectos previstos en las actuaciones urbanísticas. Las empresas bajo investigación son Jedoman y Prodaemi. No es el único ayuntamiento que ha recibido oficios del juez de Sagunto. El de Alfara de la Baronia también ha sido consultado al respecto de la ejecución del sector de Nova Alfara.

El listado de diligencias judiciales se completa con un requerimiento a la Conselleria de Territorio y Vivienda. El instructor reclama información acerca de Jesús Garrido. El tiempo que permaneció en ese departamento y si disfrutaba de un permiso de compatibilidad para ejercer otro tipo de actividades profesionales. La UDEF, en un informe que consta en la causa, descubrió un pago de más de 200.000 euros a Consult Develop & Gamar, una firma en la órbita de esta persona, mano derecha del entonces todopoderoso Rafael Blasco en su etapa en la Conselleria de Sanidad. Esta empresa careció de actividad y los investigadores piensan que se creó únicamente para el cobro de la citada comisión. Garrido fue nombrado por Blasco como asesor para asuntos parlamentarios.

En Quartell, en unos terrenos propiedad del Ayuntamiento se acabó desarrollando una promoción inmobiliaria por la mercantil Prodaemi que se hizo con la titularidad de la misma por una cesión gratuita del consistorio dirigido por Huguet. La sociedad también aparecía en el desarrollo de un PAI en Alfara de Algimia con una evolución jurídica también singular, en donde desempeñaba un papel esencial el imputado Emilio Máñez.

Al parecer, según los investigadores, pudo cobrar una cuantiosa comisión de un representante de Prodaemi de 450.000 euros. En esa operación los hijos de Máñez compraron dos áticos. El alcalde y su segundo en el consistorio también adquirieron una vivienda. La forma de pago fue cuanto menos sospechosa, tal y como aparece en informes de la causa.