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europa press
Miércoles, 27 de abril 2016, 13:17
Fiscalía considera que se debe estimar la demanda presentada por los sindicatos CSI·F, SI, Intersindical y USO contra el decreto que aprueba el reglamento de la Ley 8/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales y, en consecuencia, anular varios de los artículos contenidos en la norma.
Así consta en el escrito de alegaciones presentado por Fiscalía a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el procedimiento seguido sobre Derechos Fundamentales por las cuatro centrales sindicales, que denunciaron "discriminación" y vulneración del derecho a la libertad sindical por parte del Consell.
Los sindicatos pedían la nulidad de varios de los apartados del artículo 7 y 9 del Regalemnto; del 12.1; parte del 15, del 21 y del 25 al considerar que vulneran los artículos 28, 14 y 7 de la Constitución española. Al respecto, el fiscal señala en las alegaciones que, de acuerdo con el alto tribunal, cualquier restricción de los derechos fundamentales viene determinada por la libertad de creación de sindicatos y su libertad en la "estricta observancia del principio de proporcionalidad".
Asimismo, añade que la Constitución reconoce la libertad de creación de sindicatos y su libertad en el ejercicio de su actividad "sin que las administraciones públicas puedan interferir en la actividad de las organizaciones sin alterar con su intervención la libertad o igualdad en el ejercicio de su actividad sindical o discriminar a algún sindicato de modo arbitrario o irrazonable".
En la misma línea, apunta que el TC estableción e sentencia que la promoción de los trabajadores "se atribuye por la Constitución Española a todos los sindicatos sin distinción, por lo que toda actuación de la administración injustificadamente limitada a los sindicatos más representativos, incidirá en el orden competitivo...".
Efectos en UGT y CCOO
El sindicato CSI·F ha indicado que un comunicado que, junto a SI, Intersindical y USO, interpuso en noviembre del pasado año un recurso contencioso administrativo contra el Consell por "vulneración de los derechos a la igualdad y la libertad sindical". La medida fue adoptada debido a que el reglamento "concentra todos sus efectos en UGT y CCOO, sin tener en cuenta la representatividad del resto de fuerzas sindicales".
En su recurso, los cuatro sindicatos recurrentes destacaban "el trato injustificadamente diferenciado a los sindicatos más representativos" y señalaban que el Consell les otorga "beneficios económicos que son privilegios exorbitantes, por los que se sitúan en mejor posición, lo que rompe cualquier principio de competitividad igualitaria".
En el escrito se advertía de "la desigualdad de trato entre sindicatos, desprovista de la objetividad, justificación, proporcionalidad y razonabilidad exigibles, según el Tribunal Constitucional, para que tal diferencia pueda considerarse aceptable". El recurso alertaba de la vulneración de los artículos 7.14 y 28.1 de la Constitución, que consagran principios y derechos como igualdad o libertad sindical.
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