La Generalitat, condenada en costas por no convocar la Comisión de Coordinación de Bomberos

La Sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagar las costas procesales por no haber convocado la Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención de Incendios y Salvamento, impuesta por la Ley 7/2011, durante la época en que Serafín Castellano era conseller de Gobernación.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez establece que la Generalitat incumplió "taxativamente" la obligación legal de constitución de dicha Comisión de Coordinación que, de acuerdo con el plazo máximo fijado en el Decreto 27/2012 que regula su composición y régimen de funcionamiento, establecía su constitución en un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la norma.

El juez entiende que transcurrió el plazo máximo fijado por el decreto sin la convocatoria de esta Comisión por lo que ha impuesto a la Generalitat las costas procesales derivadas del proceso.

Asimismo, el juez obliga a la Generalitat a convocar la Comisión de Coordinación de Bomberos que ya ha sido constituida por el nuevo ejecutivo valenciano el pasado mes de octubre, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, según ha puntualizado CCOO en un comunicado, en el que ha celebrado la decisión del juzgado.

De hecho, fue el sindicato el que presentó en 2013 un recurso contencioso-administrativo para que se constituyera la Comisión de Coordinación de Bomberos establecida por la Ley 7/2011, tras "dos años de insistente exigencia".

Según explican, "la excusa" para no convocar este organismo era que ya había un proceso judicial en marcha presentado por UGT contra la composición de la propia Comisión de coordinación porque en ella UGT entendía que se daba cabida a sindicatos que no ostentaban la condición de "más representativos", fijada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Para CCOO, tras atender a "sus exigencias" el nuevo Consell y constituir la Comisión de Coordinación el pasado mes de octubre, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, quien debería hacerse cargo de estas costas procesales son "los responsables de la decisión" de no convocar a la Comisión, cuyo máximo dirigente era el entonces conseller de Gobernación, Serafín Castellano.