El juez imputa a Rus y 27 personas por las contrataciones ficticias en Imelsa

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y a otras 27 personas por los contratos a 18 personas que cobraban sin ir a trabajar y el de otros empleados que recibieron indemnizaciones que no les correspondían. El instructor considera que existen sospechas de que hubo un concierto entre la empresa Imelsa y otros ocho trabajadores que cobraron indemnizaciones para que se enriquecieran de manera injusta.

Entre los imputados, además de Rus, figura su ex jefe de gabinete, Emilio Llopis; el ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent; el ex director financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha.

El juez también ha imputado a José Adolfo Vedri por la contratación fraudulenta de dos trabajadores con la empresa de comunicación Engloba. El sueldo de estas personas corría a cargo de la empresa Imelsa.

Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus. Las empresas, Engloba y el Club de fútbol, figuran en el procedimiento como posibles responsables civiles a título lucrativo.

En esta pieza se investigan delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

Sobreseimiento

El magistrado sobresee la causa respecto de uno de los imputados que sí ha acreditado la prestación efectiva de servicios laborales para la empresa Imelsa de la que cobraba.

En el caso Imelsa hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.