Exculpan a dos sospechosos de colaborar en los presuntos sobornos a Díaz Alperi

El juez Manrique Tejada, que investiga una supuesta trama de corrupción en torno al Plan General (PGOU) de Alicante, ha sobreseído la causa para dos sospechosos de colaborar en el pago de presuntos sobornos del empresario Enrique Ortiz al exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi (PP).

En sendos autos fechados el pasado 13 de mayo y a los que ha tenido acceso, el magistrado declara prescrita la responsabilidad penal de Pablo Rico y Santiago Bernáldez al haber transcurrido más de cinco años desde que ocurrieron los hechos (octubre de 2008) hasta que fueron imputados (febrero de 2015).

La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional apuntaba a que tanto Rico como Bernáldez habrían colaborado con Ortiz en un delito de cohecho por el presunto pago de distintas cantidades de dinero en efectivo a Díaz Alperi.

Uno de estos supuestos sobornos, a los que los sospechosos se referían como "bocatas" o "bocadillos", tal y como revelaron las escuchas telefónicas realizadas por los agentes, ascendió a 174.000 euros que fueron extraídos en efectivo en una sucursal bancaria el 25 de octubre de 2008.

El dinero fue remitido desde la cuenta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras del hospital del Vinalopó, en la que participaba Ortiz, a otra mercantil por un trabajo que los investigadores consideran "falso", y retirado posteriormente en efectivo por un socio de esta última sociedad, Pablo Rico.

El informe policial señalaba también a un hermano del propio Enrique Ortiz, Virgilio y al directivo de algunas de sus empresas Santiago Bernáldez como intermediarios de esta operación y otras presuntas entregas de dinero al también ex diputado autonómico.

Según la Udef, los 174.000 euros habrían servido para saldar las hipotecas de viviendas adquiridas por hijos de Díaz Alperi, a quien también habrían ido a parar presuntamente otros 150.000 euros sacados en efectivo y entregados por Virgilio Ortiz y Bernáldez a María Manuela Carratalá, esposa del empresario encausado.

El juez Tejada ha declarado prescritos los hechos supuestamente delictivos en los que participaron Bernáldez y Rico porque debe aplicarles el Código Penal vigente en 2008, que establecía un máximo de cuatro años de cárcel para la cooperación en un delito de cohecho cometido por particulares.

En la investigación sobre el PGOU de Alicante, una de las veinte causas en las que se desgajó el 'caso Brugal', están investigados tanto Ortiz como Díaz Alperi y su sucesora en la Alcaldía de Alicante, Sonia Castedo, también del PP, de entre una decena de personas.