La AVL y la RACV votarán a la vez si abren una etapa de «cooperación efectiva»

La declaración conjunta que la AVL y la RACV preparan como punto de partida para acabar con la tradicional confrontación entre el ente normativo del valenciano y la centenaria institución proclama la voluntad de ambas de «propiciar, a través de grupos de trabajo conjuntos, las iniciativas y los mecanismos que posibiliten la cooperación efectiva entre las dos academias en los aspectos que acuerden, desde el respeto al ordenamiento jurídico valenciano y a los ámbitos competenciales propios de cada una de ellas».

Así lo constata el texto de la declaración que será sometido a votación por el pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y la junta general de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana el próximo día 30 de mayo y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.

La declaración conjunta comienza señalando el marco jurídico del idioma valenciano, que se sostiene sobre la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Y recuerda que es este segundo el que proclama que la AVL «es la institución normativa del idioma valenciano», y que la ley de creación del ente normativo señala que esta «es la institución que tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano».

Si ese es el ámbito de la institución que preside Ramón Ferrer, el de la RACV queda remarcado en el siguiente párrafo. La finalidad de la institución centenaria que dirige Federico Martínez Roda, se señala, es «promover investigaciones sobre los diferentes aspectos que conforman la realidad valenciana, entre los que ocupan un lugar relevante el estudio del idioma valenciano y la defensa de los valores y de las señas de identidad del pueblo valenciano». El texto conjunto constata, por tanto, que la lengua valenciana constituye «un centro de interés común» de la AVL y de la RACV, «independientemente de las características y finalidades propias de cada una de ellas» -en aparente alusión a que para la primera se reserva el ámbito normativo y para la segunda el del estudio del idioma y la defensa de las señas de identidad valencianas-. Ha habido, se explica, «condicionamientos históricos, políticos y sociales» que han impedido una relación normal y productiva entre ambas entidades.

Los responsables de las dos instituciones coinciden a lo largo del texto en la «necesidad imperiosa de ir superando conflictos que han desgarrado a la sociedad valenciana y que en nada han beneficiado el uso social de la lengua» y se declaran «convencidos de la conveniencia de eliminar todas las connotaciones negativas que puedan asociarse al idioma (elemento de confrontación, consideración como un hablar subsidiario, reticencias para aceptar la denominación histórica de 'lengua valenciana')». Además, aseguran estar guiados «por el objetivo de hacer de esta lengua un instrumento de cohesión social del pueblo valenciano, promoviendo el uso y tratando de conciliar las aportaciones históricofilológicas y los sentimientos identitarios privativos de los valencianos».