El exjefe de Aviación Civil niega ante el juez que Avialsa le regalara un coche

El exjefe de Aviación Civil de Valencia Salvador Alepuz declaró el jueves ante el juez en una de las piezas en las que se dividió el caso Avialsa, la investigación que terminó con la detención del exdelegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano.

La policía sostiene que el papel de Alepuz fue clave en el asesoramiento para la construcción del aeródromo de Viver que iba a explotar Avialsa. A cambio de su mediación, desde las mercantiles en la órbita del empresario Vicente Huerta supuestamente se le gratificó de diferentes maneras. Al menos una de las contraprestaciones fue el regalo de un vehículo, un Golf Sport. Un mecanismo que, al parecer, la trama también utilizó para lograr la voluntad del exdirector general de Interior, Pedro Hildago, para obtener su firma en un expediente que benefició a la trama.

Alepuz negó el jueves el cohecho, uno de los asuntos en los que el fiscal centró su interrogatorio. Justificó que ese vehículo fue comprado por la mercantil Aviarq. Esta sociedad pertenece al dueño de Avialsa, al exgerente Fernando Alandí -hoy principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción- y a una tercera persona, De Julián, de quien la UDEF sospecha que ejercía de testaferro de Alepuz.

La sede de la mercantil se encuentra en un piso propiedad del funcionario hoy apartado de sus responsabilidades en Aviación Civil. El investigado, nueva formulación de imputado tras la reforma, explicó el jueves que la mercantil le debía dinero del alquiler y ese vehículo le fue dado a cuenta. La sociedad sólo fue propietaria del turismo durante tres días, según un informe preliminar de la UDEF. Alepuz siempre pagó el seguro del turismo. El interrogado desveló al juez que la idea de que se quedara el coche surgió del propio Alandí, que más tarde denunció los hechos en la Fiscalía Anticorrupción.

La acusación mantiene que el aeródromo de Víver se diseñó a través de dos de mercantiles del holding (Aeronur y la ya citada Aviarq) en las que supuestamente tenía intereses de manera encubierta Alepuz. La policía considera que Alepuz también intervino para conceder a una de las mercantiles la homologación para hacer inspecciones, básicamente de documentación, a los aparatos.

El otro investigado, el considerado testaferro, explicó que este asesoramiento consistía en consejos o aclaraciones debido a la amistad que unía a ambos y su conocimiento del medio. Existen correos electrónicos que probarían esta relación profesional. Alepuz quiso aclarar que no existía incompatibilidad de ningún tipo entre su puesto y esta tarea. Indicó que como director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tenía competencias sobre el aire, pero nada afectaba a la construcción del aeródromo.

Los imputados, al igual que en su día el dueño de Avialsa, apuntaron hacia la figura del exgerente, que ya se encuentra investigado en tres piezas. Al parecer, no sólo conocía los hechos sino que participaba activamente en el desarrollo. Uno de ellos negó que le diera permiso al exgerente para aportar emails en los que no figura ni como emisor ni como destinatario. Ambas acusaron al gerente de asaltar los servidores y copiar toda la información que consideraba relevante.