El pacto judicial de Blasco se enfría

La negociación entre las acusaciones y los principales acusados de la trama de Cooperación permanece estancada. La posibilidad de un acuerdo se ha frenado. El exconseller Rafael Blasco y su amigo y empresario Augusto César Tauroni se habían mostrado dispuestos a aceptar una pena de unos tres años de cárcel por las dos piezas que todavía se están instruyendo en el juzgado de Instrucción 21 de Valencia. Además, ese pacto también depararía beneficios al resto de los procesados. El 'segundo escalón' de la trama tendría penas de prisión, pero no tendrían que entrar en la cárcel. Para otros casos, los menos relevantes en la organización, incluso se archivaría la causa.

La causa cuenta con cinco acusaciones. La fiscalía, la Abogacía de la Generalitat, el PSPV, el abogado Antonio Penadés y la coordinadora de ONGs. La mayoría coincide en que lo más importante en esta fase -una vez los principales acusados se encuentran en prisión por la sentencia de la primera pieza del Caso Cooperación- es recuperar el dinero. Las condenas de ese asunto -seis años para Blasco, por ejemplo- son suficientemente ejemplarizantes. Ahora, el objetivo consistiría en cerrar una etapa, que los acusados reconozcan los hechos y conseguir el pago de la responsabilidad civil, unas cantidades que todavía no se han determinado. Falta un informe para determinar esta cuestión.

Pero, al margen de lo anterior, existe un inconveniente que plantea todavía mayores dificultades para alcanzar una conformidad. Se trata de las exigencias de la coordinadora. La entidad exige que el exjefe de Cooperación, Marc Llinares, entre finalmente en prisión y que Blasco, además, acepte la condena por un delito de cohecho. Este delito estaría relacionado con los supuestos pagos que Tauroni hizo al empresario para agradecer el trato de favor que recibió de los departamentos que dirigía el exconseller. Un testigo, Joaquín Blasco Prieto, reconoció durante esta instrucción que el empresario efectuó estas gratificaciones. El declarante se despojó de su imputación gracias a esta sorpresiva colaboración con los investigadores.

Estos dos escollos han frenado cualquier posibilidad de pacto. Es más, aunque existiese ese acuerdo entre el resto de acusaciones y los procesados no serviría de nada ya que la 'posición de fuerza' de las ONGs obligaría a la celebración del juicio. Y el tribunal podría condenar según el escrito de calificación de esta parte que, sin duda, pediría penas de prisión superiores a lo pactado. Actualmente se encuentran en la cárcel Rafael Blasco, su mano derecha Tina Sanjuán, Alex Català y Tauroni.

Las pesquisas prosiguen

La investigación lejos de aclararse amenaza con complicarse. Tras más de cuatro años de instrucción, la juez acordó recientemente declarar la causa compleja al hallar nuevos indicios de criminalidad e imputar a más sospechosos, una cifra que puede aumentar tras las peticiones de alguna acusación.

Las nuevas revelaciones afectan fundamentalmente a la pieza número 2, que analiza la legalidad de las subvenciones concedidas a ONGs durante los años 2009, 2010 y 2011. Las pesquisas implican a 23 personas, entre las que figuran aparte de Blasco, también el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario César Augusto Tauroni. La pieza separada número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción, después de que la jueza haya tomado declaración a una treintena de testigos desde que el TSJ devolvió la causa.