El valenciano que pedía en Twitter matar a políticos se enfrenta a un año de prisión

Uno de los primeros detenidos en España por pedir a través de las redes sociales la muerte de políticos se enfrenta a una pena de un año de prisión por un delito de amenazas. La Fiscalía, en el mismo escrito de calificación, solicita también una multa de 3.000 euros por un delito de injurias. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sueca dictó recientemente el auto de apertura de juicio oral.

Los hechos se produjeron en mayo de 2014, en un ambiente de significativa tensión entre diferentes formaciones políticas y con una fuerte crispación social por los efectos de la devastadora crisis económica. En los días previos a estas amenazas se había producido el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, por una venganza personal.

Numerosos usuarios de redes sociales, especialmente de Twitter, siempre han confiado en el aparente anonimato de esta plataforma virtual para insultar a políticos, deportistas, cantantes o incluso presentadores de televisión. Es más que frecuente el salto de la crítica a la injuria. No obstante, los mensajes del joven Sergi B. J., de 19 años de edad en aquel entonces, se adentraban en el terreno de lo delictivo.

El ministerio público considera que el acusado, que no cuenta con antecedentes penales, utilizó su cuenta de la conocida red de microblogging para vejar y humillar a cargos públicos e integrantes del Partido Popular. Por ejemplo, el escrito de acusación recoge algunos de estos mensajes. «Que mels posen en fila, un alcostat de l'altre i que em donen un AK47 que voras tu com acabe amb tots eixos fill de putes feixistes de merda»(sic). Su imprudencia dialéctica no se sació con ese tuit. Posteriormente, lanzó nuevas amenazas, estas ya sí concretando destinatario. Así, en otro tuit afirma que sueña con la quema de iglesias, ayuntamientos, palacios, congresos y con «matar als liders PPeros».

Aprovecha el asesinato de la política del PP para recordar episodios de la Guerra Civil. «Un tir al cap a cada un y a la fossa comú, com van fer al meu besavi». Uno de los mensajes que demuestran mayor crueldad con los dirigentes de la formación política es el siguiente: «Ara sols falta que maten a Rajoy, a Soraya Saez de Santa Maria, a Aguirre, a Aznar, a Fabra, a Paquito Camps, a Rita Barberà, a Cospedal...» «Encara falten molts per matar», apostilla en otra comunicación posterior. Precisa el escrito de la fiscalía que todos estos mensajes aprovechan el contexto, la «coyuntura» del reciente asesinato de la dirigente popular. De hecho, en otra ofensiva manifestación se preguntaba en qué plaza «se iba a levantar un monumento» a la asesina de Isabel Carrasco.

En un principio, la Guardia Civil procedió a la detención por un supuesto delito de apología del asesinato. Al parecer, se trataba del primer arresto por este motivo en España. Sin embargo, tras la instrucción, la acusación ha considerado que, en realidad, los hechos constituyen un delito de amenazas (por el que solicita el año de cárcel) y un delito de injurias por el que reclama los 3.000 euros de multa. El juicio se celebrará en un juzgado de lo Penal. La acusación ha citado como testigos a los dos guardias civiles que participaron en la investigación y el arresto del joven valenciano.

La detención de Sergi se convirtió en un asunto de repercusión nacional. El joven se definía en su perfil de la red social como «perroflauta». Entre los mensajes que difundió a través de su cuenta personal se desprende un sentimiento nacionalista y a favor del consumo de drogas como la marihuana. El arresto se produjo en la vivienda en la que residía con sus padres. «No ha matado a nadie», defendió entonces su progenitor. El sospechoso contó con el apoyo de parte de sus vecinos que incluso se concentraron en la plaza de la localidad de Tavernes de la Valldigna para reclamar su puesta en libertad.

Los agentes realizaron un registro en la habitación del arrestado delante de la secretaria judicial. Los policías permanecieron durante cerca de una hora en el domicilio de Sergi B., y se incautaron de dos ordenadores -uno de ellos portátil-, cinco memorias USB, tres discos duros y cinco tarjetas de memoria, material informático que se llevaron en varias cajas de cartón.

El joven pasó al día siguiente a disposición judicial y se acogió a su derecho a no contestar a la juez. No obstante, sí respondió a las preguntas de su abogado en las que trasladó que no pretendía ofender a ninguno de los destinatarios de sus mensajes sino que sus tuits estarían más enfocados a verbalizar una protesta, la necesidad de un cambio social. Por aquel entonces, su familia confiaba en que todo se redujera a una falta de injurias y el asunto pudiera resolverse con una multa. Su círculo más próximo sostuvo que había sido utilizado como cabeza de turco en un contexto de agitada tensión política.

Las autoridades han alertado en repetidas ocasiones de la falsa impunidad de la red social y del riesgo de cometer delitos a través de la red social. Previamente al caso del joven de Tavernes, una veintena de personas fueron arrestadas en este caso por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. No se trataba de un grupo organizado sino que cada uno actuaba por su cuenta lanzando mensajes de apoyo o justificación a diferentes grupos terroristas. La colaboración ciudadana resulta clave en este tipo de asuntos. Posteriormente, en Bellreguard, se detuvo a otro valenciano de 20 años de edad por un presunto delito de amenazas. Arremetía a través de internet contra los políticos, contra el sistema y contra el Rey.