El Gobierno autoriza a la Comunitat nuevas operaciones de deuda

La finalidad será la financiación de inversiones para mejorar la eficiencia energética en varias de sus sedes judiciales

efe

Viernes, 24 de junio 2016, 15:53

El Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña y a la Comunitat Valenciana la formalización de operaciones de deuda supeditadas al cumplimiento del objetivo para este año, que es del 31,4% del PIB en el caso catalán y del 38,2% en el caso valenciano.

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La Comunidad Valenciana ha recibido autorización para una operación de préstamo a largo plazo, en este caso por un importe máximo de 9 millones de euros con la entidad Ged Jessica F.I.D.A.E, S.L.

Se persigue con dicha operación el uso de los fondos del programa Jessica F.I.D.A.E del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dentro del marco de los fondos FEDER. La finalidad será la financiación de inversiones encaminadas a mejorar la eficiencia energética en varias de sus sedes judiciales.

Cataluña solicitó autorización para una operación de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 5,1 millones de euros, con la que busca refinanciar préstamos o líneas de crédito con vencimientos en 2016 y primer trimestre de 2017. De este importe, 4,2 millones de euros se destinarán a atender vencimientos previstos hasta el 29 de julio de este año.

Estas autorizaciones se ajustan a la ley de financiación de las comunidades autónomas, que exige autorización del Estado para realizar operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda u otra apelación de crédito público.

Asimismo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria señala que todas las operaciones de endeudamiento de las comunidades precisarán autorización del Estado cuando exista incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda pública o de regla de gasto.

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Tanto Cataluña como Comunidad Valenciana incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2015, y Cataluña también el objetivo de deuda pública de ese mismo año.

Por ello, deberán presentar un plan económico-financiero que permita, en el año en curso y durante el siguiente, el cumplimiento de objetivos. Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2016.

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