Entre el refuerzo o el contrapeso al Consell

«Necesitamos un Gobierno lo más aliado posible con la Comunitat Valenciana». Las palabras las pronunció el pasado viernes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Y revelan una de las principales claves de las elecciones generales de hoy. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera no son sólo los candidatos a la presidencia del Gobierno de las cuatro principales formaciones políticas. En sus manos, y en su decisión respecto a cómo componer un acuerdo de Gobierno -las encuestas no dejan margen para un Ejecutivo de un único partido- está la respuesta a algunas de las incógnitas a resolver. La más importante, está claro, es la de quién presidirá el próximo gobierno y a través de qué acuerdos y con qué partidos. Son unas elecciones generales y la clave política nacional es la que manda.

Pero desde la óptica de la Comunitat Valenciana, el hecho trascendental, y no es menor, tiene que ver con la relación que mantendrá el nuevo Gobierno con el Consell que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra.

Asumiendo ese 'sí o sí' con el que todos los partidos han venido respondiendo al interrogante de si en esta ocasión será posible alcanzar un acuerdo de gobierno para no tener que volver a las urnas, la respuesta a la pregunta de cómo será la relación del nuevo Gobierno central con la administración valenciana pasa ineludiblemente porque se conozca si se repite o no el pacto que en el ámbito de la Comunitat Valenciana sostiene al Consell. El Acuerdo del Botánico que suscribieron PSPV, Compromís y Podemos constituye la base programática que da apoyo parlamentario al Consell -en el que, por ahora, sólo se integran los socialistas y el partido de Oltra-. La relación con el Ejecutivo valenciano será una si ese acuerdo a tres bandas se reproduce en Madrid, y será otra muy distinta en el caso de que el pacto de Gobierno sea cualquier otro.

Puig habló el viernes de la necesidad de contar con un Gobierno aliado. Y lo hizo con conocimiento de causa. Los doce primeros meses de gestión del Ejecutivo que copreside con Oltra han sido, por encima de todo, de confrontación con el presidido por Mariano Rajoy. Muchas de las principales decisiones políticas del Ejecutivo valenciano, como la guerra declararada a la enseñánza concertada, los recursos por el copago y por la atención a inmigrantes, el vaivén con los horarios comerciales, el conflicto con los símbolos o el tono victimista con el que se ha afrontado la reinvindicación de más financiación para la Comunitat, son algunos ejemplos de decisiones políticas que se pueden ver condicionadas por el color político del futuro Ejecutivo central.

El Gobierno valenciano es consciente de que un acuerdo en Madrid que no reproduzca el pacto a tres bandas del Botánico será fuente de confrontación. La dependencia que los socialistas tienen de sus socios de gobierno obliga además al Consell a mantener una posición que, a la vista del último año, en ningún caso ha buscado el entendimiento con el Ejecutivo central.

Sobre la mesa de la negociación, desde la mañana del lunes, existen distintas opciones de pacto. La 'gran coalición', el término con el que conoce al acuerdo a tres bandas que propone el PP a PSOE y Ciudadanos, abriría un espacio de complicadísima gestión para el Ejecutivo valenciano. La posición política de los socialistas de la Comunitat, abrazado aquí a las pociones radicales de Compromís y Podemos, apenas se sostendría con un PSOE que pudiera pactar en Madrid con los populares y con el partido de Rivera.

La 'gran coalición' parece la opción más remota de las que hay sobre el tapete. Pero tampoco debe ser descartada. El expresidente Felipe González se mostró tajante, también el viernes, a la hora de rechazar que el PSOE pueda ser socio de gobierno del «populismo rupturista de pseudoizquierda» que va contra la «solidaridad entre todos los españoles», que representa Podemos.

El criterio del exlíder de los socialistas salta por los aires, como le recordó al instante Pablo Iglesias, en comunidades autónomas como la valenciana. Trasladar a Madrid el pacto de izquierdas entre socialistas y Podemos, que incluiría a Compromís -socio electoral de los de Iglesias en la Comunitat- garantizaría un nivel de entendimiento con el Ejecutivo valenciano-. Una circunstancia que, a priori, permitiría a la Generalitat disponer de una vía de interlocución directa con la Administración central -aunque esa circunstancia no tendría por qué implicar (como se ha demostrado en otras ocasiones) que las decisiones adoptadas fueran siempre en consonancia con las reivindicaciones sostenidas desde la región-.

Pese a ello, la reproducción en Madrid del esquema de Gobierno de la Comunitat daría al Consell un margen de maniobra mucho mayor. El arrinconamiento de los símbolos como el himno nacional o la bandera de España, el rechazo hacia la gestión privada en general o el frente abierto con la Iglesia Católica encontraría posiciones de comprensión en el Ejecutivo central

Cualquier otra fórmula que no sea ésta convertirá al Gobierno central en un contrapeso del Consell. PP en solitario o con Ciudadanos, PSOE con los de Rivera, o la participación en cualquiera de estas fórmulas de otras formaciones políticas -nacionalistas vascos o independentistas catalanes- generaría un escenario que podría derivar en confrontación, o al menos de falta de sintonía, con el Ejecutivo valenciano.

En el horizonte, el debate político más urgente para comprobar el nivel de sintonía del Gobierno valenciano con el Ejecutivo que salga de las urnas es el de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. El Gobierno de Puig y Oltra ha hecho de esta reivindicación una de sus principales banderas durante estos doce primeros meses de gestión. De hecho, la reforma del modelo se ha unido a la reclamación de anticipos de la liquidación de 2014 del sistema de financiación y a la pugna abierta con el Ejecutivo central por el bloqueo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para convertir al departamento que dirige Cristóbal Montoro en una suerte de 'gran enemigo de la Comunitat'.

Parece probable pensar que en eventual gobierno tripartito en Madrid apagaría el fuego que trata de prender la Comunitat, incluso en el caso de que la reforma de la financiación se retrasara o aunque el acuerdo tampoco acabara con la discriminación que arrastra.