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EFE
Lunes, 4 de julio 2016, 12:13
La Comisión Europea (CE) exigió hoy al Real Madrid, al FC Barcelona, al Athletic de Bilbao, al Atlético Osasuna, al Valencia, al Hércules y al Elche que devuelvan ayudas públicas ilegales millonarias concedidas por España.
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En el caso del Real Madrid la devolución asciende a 18,4 millones de euros por la cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en tanto que el Valencia, el Hércules y el Elche deben devolver 20,4 millones, 6,1 millones y 3,7 millones por los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas por préstamos concedidos a esos tres clubes de la Comunidad Valenciana.
Bruselas considera que el Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna recibieron un trato fiscal privilegiado, al quedar exentos de la obligación general de transformarse en sociedades anónimas durante un periodo de 20 años. España modificó la legislación sobre el Impuesto de Sociedades y esta ventaja ya no se aplica a los clubes desde enero de este año.
Gracias a esta ventaja, los cuatro clubes disfrutan de un tipo fiscal ventajoso del 25 % frente al 30 % del resto de clubes, por lo que el Ejecutivo comunitario exige una multa de hasta 5 millones de euros para cada equipo, aunque la cuantía final deberán fijarla las autoridades españolas en el proceso de recuperación de las ayudas.
La Comisión también ha considerado ilegal la permuta entre el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid de los terrenos de Valdebebas, en donde se ha construido la nueva Ciudad Deportiva. "La investigación determinó que los terrenos afectados por la transacción se sobrevaloraron en 18,4 millones de euros y ello otorgó a este club una ventaja injustificada frente a otros equipos, que ahora debe devolverse", ha explicado el Ejecutivo comunitario al anunciar las multas.
Además, el Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Osasuna deberán reembolsar hasta 5 millones de euros por club por haber obtenido privilegios fiscales.
El caso del Valencia CF
En la Comunitat, la Comisión investigó los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por préstamos concedidos al Valencia, el Hércules y el Elche. En ese momento, estos clubes atravesaban dificultades financieras y el aval público les permitió obtener los préstamos en condiciones más favorables.
Al no haber pagado una remuneración adecuada por los avales, estos clubes se beneficiaron de una ventaja económica frente a otros clubes, que tienen que financiarse sin el respaldo del Estado.
En el caso del Valencia, el IVF concedió un préstamo bancario de 75 millones euros en 2009 a través de Bancaja (ahora Bankia) a la Fundación. Este dinero se utilizó para que esta entidad se erigiera en máximo accionista en la ampliación de capital que evitó que Dalport entrase a controlar el club de Mestalla.
La financiación estatal no estaba vinculada a un plan de reestructuración de los clubes con vistas a su viabilidad y ninguno de ellos aplicó medidas compensatorias para contrarrestar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda, dijo la CE.
De esta manera, para restablecer unas condiciones de competencia equitativas con los clubes no subvencionados, el Valencia, el Hércules y el Elche deben devolver ahora la ventaja recibida.
Una contingencia
La investigación de la Comisión Europea fue una de las cuatro contingencias que apuntó el presidente ejecutivo del Valencia, Amadeo Salvo, el pasado verano antes de que se cerrara definitivamente la venta del club a la empresa de Peter Lim. Además, fue una de las que se solucionó con más rapidez después de que se blindara en los acuerdos con Bankia el embargo de cinco millones de euros en el caso de que Bruselas dictaminara en contra de los intereses del club.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, explicó que "utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar a clubes de fútbol profesional puede falsear la competencia".
"El fútbol profesional es una actividad comercial en la que está en juego mucho dinero. Los fondos públicos deben cumplir las normas de competencia leal y, en este caso, las subvenciones investigadas no las cumplieron", agregó.
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